Hace unos días, el presidente anunció el “Tianguis del Bienestar”, una iniciativa para repartir, entre comunidades pobres, mercancías decomisadas en las aduanas. Lo lógico sería que, con base en sus atribuciones, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (ni modo, así bautizan ahora a las instituciones) cumpliera con esa encomienda; sin embargo, la coordinación del “tianguis” estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mientras que el traslado de las mercancías fue encomendado a la Secretaría de Defensa Nacional. ¿Cuál es la justificación para distribuir tareas sin ninguna relación con las atribuciones que por ley tienen las instituciones? No hay ninguna base jurídica, todo se da por capricho del presidente. Como supuestamente se atienden las causas de la violencia, pues que los encargados de la seguridad monten tianguis, y a eso le encandilamos la palabra “estrategia”. Brillante.
En el caso de las Fuerzas Armadas, esto se lleva al extremo debido a que el presidente, las insultaba en el pasado, ahora las adoptó como el eje operativo de su gobierno y de su proyecto político. De aquí que ahora estén a cargo de la distribución de gasolina, la construcción de obras públicas como el aeropuerto o el Tren Maya, el control de aduanas y puertos, el apoyo para la distribución de recursos de los programas sociales, así como la distribución y aplicación de la vacuna contra la COVID-19, entre otras funciones. En efecto, esta tarea de vacunación fue encargada además de a la SEDENA, a las secretarías de Educación, Relaciones Exteriores y Seguridad Ciudadana, ¿por qué no a quienes formalmente les correspondería? Por la destrucción e incapacidad de la Secretaria de Salud, la ausencia del secretario y la irresponsabilidad criminal de López-Gatell, quien prefiere continuar desprestigiando a las madres y padres de niños con cáncer.
También tenemos ejemplos de secretarias en donde sus funciones se han convertido en monotemáticas, debido a que al presidente le urge que su carta de deseos se cumpla en tiempo y forma. Una de ellas, es la Secretaría de Energía, la cual ha resumido la conducción de la política energética a supervisar la construcción de la “grandiosa” refinería.
Como no se tiene idea de lo que significa un gobierno, y mucho menos un Estado, el presidente se pregunta: “¿Y qué tiene de malo que el Ejército distribuya juguetes o ropa?”. Nada, salvo que el Ejército supuestamente está a cargo del “pequeño” problema de la seguridad pública en el país, más todas las demás funciones ya mencionadas. Esta saturación de responsabilidades para las Fuerzas Armadas, rompe con el equilibrio civil-militar, subordina al resto de las estructuras de gobierno, desnaturaliza sus responsabilidades esenciales y las convierten en mil usos que difícilmente podrán cumplir con todos estos encargos.
Debemos recordar que la destrucción del gobierno comenzó cuando corrieron al inicio del sexenio a decenas de miles de funcionarios públicos, cuando impusieron el absurdo de prohibir trabajar después en el sector privado en áreas similares, y continuó con el embate cotidiano contra los expertos y los técnicos, y los recortes sistemáticos a las instituciones. Lejos de conducir al gobierno con base, no solo en leyes y reglamentos, sino también y sobre todo, de acuerdo a criterios básicos de racionalidad y sentido común, lo que se fomenta todos los días es la confusión institucional, la informalidad y la usurpación de obligaciones. Por ello, es tan importante para este gobierno ocultar la información, ofrecer “otros datos”, y distraer con una campechana de absurdos y amenazas cada mañana.
Algunas consecuencias de que la administración pública se encuentre atada a los encargos del presidente, es la falta de responsables formales, lo que por ende, dificulta la labor de fiscalización, procesos de transparencia y rendición de cuentas.
Vivimos en un país en donde “al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”, pero por el capricho del presidente, todo.
