Al presentar su penúltimo informe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador ocupó 6.13 minutos para hablar del tema que más duele a los mexicanos, la inseguridad y las violencias.
Insistió en que “la paz es fruto de la justicia” y tiene razón. Hoy el país no tiene paz porque no ha logrado justicia y prevalece la impunidad. También fue reiterativo en señalar que “por el bien de todos primero los pobres”. En efecto, los pobres han sido los primeros afectados.
Al inicio del sexenio decidió desaparecer la Policía Federal (PF), abandonar el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) al igual que a las Policías y las Fiscalías y multiplicar el poder a los militares. Ha ignorado a las víctimas y ha abrazado a los criminales. A pesar de la multiplicación de grupos criminales y el aumento en las violencias, a lo largo de estos 5 años ha mantenido en su fallida estrategia.
Seguimos en espera que la Guardia Nacional (GN) dé resultados. Pero los 67 mil millones que el Congreso les dio este año y los 128 mil elementos que comparten la cachucha de militares, solo han servido para detener un puñado de criminales.
El presidente sostuvo que “los marinos y soldados son trabajadores, leales y patriotas”. Sin duda la mayoría lo es, no así la cúpula militar que se ha corrompido con la anuencia presidencial.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública, máximo órgano del SNSP es una simulación política que emite acuerdos insustanciales, ambiguos y no evaluables. Por su parte, la mayoría de los gobernadores esperan que la GN les resuelva los problemas que son su competencia y responsabilidad, dejando a un lado el desarrollo policial, ministerial y penitenciario. Lo que ha contribuido a que los delitos queden impunes.
El presidente dijo que el robo y el secuestro han bajado, pero omitió señalar que las extorsiones y el cobro por derecho de piso se han ido a máximos históricos. Los criminales encontraron un nicho más redituable sin que nadie los frene.
Entre sus otros datos, el mandatario comentó que disminuyeron los homicidios un 17%, pero no se sabe contra que lo compara. Según datos de la consultora TResearch, en los 57 meses de su gobierno acumula 164,693 homicidios, es decir en promedio 95 diarios; 52% más que en el sexenio de EPN y 93% más que en el de FCH. Además, Causa en Común ha denunciado anomalías y posibles manipulaciones en los números oficiales de víctimas.
Pero no solo eso, quizás lo más grave que ha provocado este gobierno es la degradación social. En el estudio de Causa en Común “Galería del Horror” se identificaron de enero de 2020 a agosto de 2023, noticias en medios de comunicación que contabilizan al menos
21,390 atrocidades, entre las que destacan 5,160 casos de tortura y 2,001 masacres. Por supuesto, en el informe señalo que no existen.
Andrés Manuel desprecia a las víctimas, una forma de hacerlo visible es el abandono a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). En 2022, solo 6,888 víctimas fueron incluidas en el Registro, una disminución del 36% con respecto al 2019. Y además los pocos apoyos que son otorgados consisten en traslados, alimentación y alojamiento. En 2022, sólo veinte de los 13,034 apoyos otorgados fueron para medidas reparatorias para las víctimas.
Y como cereza en el pastel, están las remesas, que presumió “llegaron a 60 mil millones de pesos”. Pero Signos Vitales mostró que al menos el 8% podrían estar relacionadas con el crimen organizado, éstas no llegan al país para fortalecer la economía de las familias, sino que son el pago por droga, trata de personas, tráfico de armas, es decir, es el pago para seguir generando violencias.
El Ejecutivo puede seguir negando lo que sucede utilizando su imaginación pero el fracaso de su gobierno en seguridad y justicia, su perversidad para manipular las cifras, abrazar criminales y solapar la corrupción quedarán para la historia.
Colaboró Luis Carlos Sánchez.
