México vive desde hace varios años una tragedia humanitaria debido al aumento exponencial en el número de desaparecidos, campos de exterminio y fosas clandestinas, sin que ningún gobierno asuma su responsabilidad.

En el presente sexenio, desaparecen 1.6 personas cada hora. Sin embargo, Claudia Sheinbaum decidió invisibilizar el problema al arranque de su gobierno. No obstante, la reciente crisis evidenciada por los restos humanos y objetos personales encontrados por Guerreros Buscadores en un rancho de Teuchitlán, Jalisco, obligó un cambio de postura.

Esta semana presentó una serie de medidas y sostuvo que la atención a los desaparecidos es prioridad de su gobierno. Desafortunadamente, las propuestas presentadas delatan una falta de conocimiento sobre la Ley General de Desaparición y el Sistema Nacional de Búsqueda. Además, pareciera que no tiene un diagnóstico sobre la debilidad de las comisiones de búsqueda, las fiscalías especializadas y los servicios forenses.

Pero lo más grave fue la forma de presentarlas, sin mostrar un mínimo de respeto por los familiares de las víctimas. La Ley reconoce que las familias deben ser consultadas en el diseño de propuestas gubernamentales, y aun así, la Presidenta las dejó fuera. Error imperdonable. Primero, porque las víctimas son los desaparecidos y sus familias, no el gobierno, y la empatía es un requisito básico. Segundo, porque son los familiares buscadores quienes conocen las limitaciones institucionales y pueden proponer cambios sustantivos.

Con desconocimiento de la Ley General, anunció “nuevos” protocolos de investigación para la búsqueda inmediata. Estos ya están en la Ley. También propuso una reforma para crear una “Plataforma Nacional de Identificación Humana” administrada por la CNB, cuando la Ley ya establece el Banco Nacional de Datos Forenses, a cargo de la FGR. Duplicar funciones es un despropósito, sobre todo cuando la CNB no tienen facultades ministeriales y dependen de la FGR para esclarecer los casos.

Si el problema es que la FGR no ha cumplido con sus obligaciones, como lo demuestra el estudio “Nombres sin Cuerpo y Cuerpos sin Nombre” de Causa en Común (https://rb.gy/f94ibe), la solución no es generar nuevos embudos burocráticos. Es fortalecer las fiscalías especializadas y los servicios forenses. Tan solo entre 2019 y 2023, ingresaron a las morgues 34,699 cuerpos sin identificar. Muchos de los desaparecidos podrían estar siendo buscados por sus familias sin saber que yacen olvidados en una fosa común o en un refrigerador.

También anunció una reforma a la Ley General de Población para convertir la CURP en una Cédula Única de Identificación, retomando una propuesta de Felipe Calderón. Argumentó que esta herramienta permitiría interconectar bases de datos de personas desaparecidas. Sin embargo, el problema no es la falta de registros, sino la confiabilidad, operación e interconexión de los ya existentes: el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas, el Registro Nacional de Fosas con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

La propuesta que generó mayor rechazo fue la intención de equiparar el delito de desaparición con el de secuestro. Esto refleja un desconocimiento absoluto de las dinámicas criminales y significa un retroceso en la lucha de los familiares, al pretender invisibilizar las desapariciones y restarles su carácter de crimen de lesa humanidad.

El único acierto fue la inclusión de cifras de desapariciones en los reportes mensuales del SESNSP. Si los datos son certeros y transparentes, podrá evaluarse el desempeño de las fiscalías. Sin embargo, también es necesario conocer el número de carpetas judicializadas y el total de personas localizadas.

Por último, se anunció un supuesto fortalecimiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Es urgente, ya que, como ha documentado Causa en Común, la CEAV está debilitada por falta de respaldo político, presupuesto y personal. Desde 2020 incluso desapareció el Fondo de Ayuda a las Víctimas (https://rb.gy/d845pw).

Presidenta, abrace a las familias, conozca la ley y pida un diagnóstico; todo es indispensable para el éxito de su estrategia. (Colaboró Fernando Escobar Ayala)

Presidenta de Causa en Común

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