Por primera vez en la historia, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED) activó su máximo mecanismo de alerta: el artículo 34 de la Convención Internacional y lo hizo con México. Esta decisión inédita a nivel global significa que el Comité encontró indicios fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en nuestro país. Esto no es un castigo ni una condena, como el gobierno federal lo quiso ver, sino una señal de alarma y una oportunidad.
Este llamado busca que el Estado mexicano construya una política pública para prevenir la desaparición forzada, garantizar la búsqueda efectiva y brindar justicia y verdad a las familias. La reacción no se hizo esperar. Por un lado, encendió una chispa de esperanza en los colectivos de búsqueda que, durante años, han rastreado a sus seres queridos entre fosas, ríos, cuarteles y silencios institucionales.
Por otro lado, la respuesta del gobierno tampoco tardó. La CNDH negó que exista una crisis de desaparición forzada; la Presidenta declaró: "En México no hay desaparición forzada desde el Estado"; y legisladores de Morena sintieron que era un ataque directo llegando al ridículo de pedir la destitución de Olivier Frouville, presidente del CED. ¿Por qué tanto enojo? Seguramente porque el artículo 2 de la Convención define la desaparición forzada como: “la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado.
Ante la reacción institucional, vale la pena preguntarse con seriedad: ¿hay razones suficientes para que nuestro país sea el primero en enfrentar la activación del artículo 34? Sobre todo, cuando hay otros países como Siria, Sri Lanka, Irak, Colombia (en el contexto del conflicto armado), El Salvador y Guatemala (históricamente), Turquía, Egipto, China, entre otros, donde también hay desapariciones forzadas y sin embargo el CED no ha activado este mecanismo.
La respuesta es sí. Tan clara como grave. El caso mexicano es, lamentablemente, único al menos por cuatro razones. Primera, México no está en guerra ni es una dictadura, pero acumula más de 125 mil personas desaparecidas, más de 6 mil fosas clandestinas, 72 mil cuerpos y miles de restos humanos sin identificar dispersos en funerarias, fosas comunes y anfiteatros, sin una base nacional forense que permita entregarlos a sus familias.
Segunda, las desapariciones siguen ocurriendo. En muchos países las desapariciones son fenómenos ligados a dictaduras o conflictos armados del pasado. En México, es un fenómeno presente y creciente. La tercera razón es la participación o permisividad del Estado. El Comité ha documentado patrones en los que las autoridades participan directamente o permiten que ocurran desapariciones, por colusión u omisión. No es solo crimen organizado, es una crisis institucional.
Por último, la impunidad es estructural, supera el 99% de los casos. Los perpetradores saben que gozarán de protección, indiferencia o falta de capacidad de las fiscalías para que las carpetas de investigación terminen en sentencia condenatoria. En Causa en Comun (https://rb.gy/f94ibe) hemos documentado que, desde la entrada en vigor de la Ley General de Desaparición Forzada en 2018, su aplicación ha sido letra muerta. El Sistema Nacional de Búsqueda no funciona. Ha sido una simulación.
En suma, el Comité activó el artículo 34 porque México reúne todos los factores: democracia formal, cifras crecientes, inacción estatal (impunidad) y rechazo constante a las recomendaciones del CED durante 15 años. El caso mexicano es único, doloroso y paradigmático a nivel internacional.
Nuestra Presidenta afirma que las personas desaparecidas son una prioridad para su gobierno. Entonces, esta es la oportunidad de demostrarlo con hechos, no de negarlo con discursos. (Colaboró Fernando Escobar Ayala)
Presidenta de Causa en Común