En una sociedad donde la violencia y la criminalidad son fenómenos cotidianos, resulta paradójico que los encargados de combatirlas —los policías—se encuentren desprotegidos y marginados. La ausencia de un respaldo institucional y social, sumada a la creciente militarización, ha debilitado las capacidades de los agentes y exacerbado las violencias en el país.
Diversos estudios evidencian el crítico estado de nuestros cuerpos policiales. El INEGI, mediante un análisis estadístico de mortalidad, contabilizó un total de 1,718 asesinatos de policías entre 2013 y 2018. Dicho estudio no ha vuelto a replicarse. Sin embargo, registros de Causa en Común A.C. basado en fuentes hemerográficas, dan cuenta que en el sexenio de AMLO fueron asesinados al menos 2,456 policías, lo que representa un brutal aumento del 43% respecto al sexenio de Peña Nieto.
Lamentablemente, el nuevo sexenio no trajo mejores condiciones a los policías, en los seis meses de Claudia Sheinbaum, la cifra ya suma 216, tan solo la semana pasada asesinaron a 18 policías. En cualquier país que respete a sus agentes esto sería un escándalo nacional. Aquí las autoridades siguen invisibilizando los hechos, lo que refuerza un sistema en crisis.
Países como Noruega, el Reino Unido y Canadá destacan por invertir en sus policías, garantizándoles capacitación, seguridad y bienestar, lo que les permite desempeñar su labor con eficacia y respeto a los ciudadanos. En América Latina, aunque ningún país ha alcanzado esos niveles, Uruguay se destaca por la capacitación y reconocimiento a sus policías.
Un ejemplo de ello sucedió hace pocas semanas, cuando el oficial Antonio Carballo fue asesinado en un intento de robo en su día de descanso. Este hecho generó una ola de indignación y reflexiones sobre la seguridad de los policías. El presidente expresó su profundo pesar, el ministro del interior llamó a la viuda y el sindicato policial exigió mejores condiciones, enfatizando que "son policías las 24 horas del día" y corren riesgos constantes.
La indiferencia política y social hacia los policías en nuestro país ha provocado que las instituciones de seguridad sean cada día más débiles frente a grupos criminales poderosos que se infiltran en los gobiernos. Bajo esta debilidad se justifican quienes promueven el avance de la militarización, reduciendo recursos para policías y generando un círculo vicioso: más debilidad policial, más poder militar y más violencia. ¿Por qué insistir en la militarización cuando los números demuestran que la estrategia de militarización generalizada ha incrementado la violencia y que los militares tienen la misma tendencia a la corrupción que los civiles?
Al respecto, una investigación de MCCI reveló que en agosto de 2019 elementos de la Guardia Nacional informaron a sus mandos en la Sedena sobre la localización de una finca con varios cuerpos calcinados en Teuchitlán. A pesar de ello, los criminales continuaron operando hasta el 5 de marzo pasado. ¿Por qué Sedena permitió que siguieran adiestrando, torturando y asesinando impunemente? y ¿se notificó a la FGR? Sería pertinente que el Secretario de la Defensa aclare esta situación.
Es urgente una política de Estado que garantice prestaciones, preparación y equipamiento adecuados para los policías; que brinde respaldo institucional a quienes arriesgan sus vidas para proteger la nuestra. Se debería compartir a los policías, las mismas condiciones de seguridad social de las que gozan los militares. Lamentablemente los mandos militares, que ahora dominan la seguridad pública, solo les enseñan la absurda disciplina de bolear sus zapatos y obedecer sin cuestionar.
La situación de la Policía en México es una clara señal de alarma, un sector encargado de protegernos que, paradójicamente, se encuentra desprotegido y abandonado. Es hora de reconocer que invertir en el bienestar y la capacitación de ellos es invertir en la paz y el bienestar de la sociedad. (Colaboró Fernando Escobar Ayala)
Presidenta de Causa en Común