En el último Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), el gobierno federal y los estados insistieron en la importancia de coordinarse y fortalecer a las policías locales. Como tantas veces, se habló de profesionalización y ahora hasta de metas y certificaciones. Pero el presupuesto y la realidad dicen otra cosa. La seguridad sigue marcada por la precariedad de las policías y el avance incontenible de la militarización.
Los datos son contundentes. En el estudio de Causa en Común, Radiografía de un retraso crónico 2018-2025 (https://acortar.link/qXRLkB), se documenta que, en los primeros once meses del actual sexenio, se han registrado 73 movilizaciones policiales entre paros, emplazamientos y manifestaciones. No son episodios aislados, sino un síntoma claro de abandono institucional. En ese mismo periodo fueron asesinados 361 policías, más de uno cada día.
A pesar de la retórica oficial, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 confirma la falta de prioridad hacia las policías. Los recursos asignados a estados y municipios mediante el FASP, el FOFISP y el 20% del FORTAMUN apenas suman 35.9 mil millones de pesos. Una cifra irrisoria frente a los 236.7 mil millones que recibirán las Fuerzas Armadas. ¿Podrán los estados y municipios cumplir los acuerdos del CNSP? Imposible.
El deterioro policial está ampliamente documentado. Jornadas de hasta 24 horas, estrés extremo, salarios y prestaciones muy por debajo del riesgo que enfrentan; los procesos de profesionalización carecen de rigor, la infraestructura académica es insuficiente y los ascensos dependen de la discrecionalidad. Persiste además el incumplimiento en materia de seguridad social y los procesos de certificación se han vuelto meras formalidades.
En paralelo, se mantienen incrementos sostenidos para las Fuerzas Armadas, consolidando su papel como protagonistas de la seguridad pública. El contraste es brutal: policías locales en la precariedad y militares cada vez con más presupuesto y poder. Como lo he sostenido desde hace años, esa apuesta es profundamente equivocada.
Los recientes escándalos del huachicol fiscal son apenas la punta del iceberg de lo que ocurre en instituciones militares que, por naturaleza, son opacas y que en México carecen de controles civiles o contrapesos. Para dimensionar, a las policías se pretende asignarles 35.9 mil millones de pesos, mientras que la red de macrocriminalidad del huachicol fiscal le ha costado al país 177 mil millones de pesos al año. Creer que los militares son menos corruptos que las corporaciones civiles es un mito que se derrumba con cada revelación.
La Presidenta parece empeñada en no aprender la lección. Ni siquiera un escándalo que involucra a militares, empresarios y funcionarios de alto nivel de su propio gobierno la hace rectificar. Prefiere enviar un presupuesto que premia a las Fuerzas Armadas y deja a las policías condenadas al abandono.
Así, la brecha entre narrativa y presupuesto es insalvable. En los discursos se insiste en fortalecer a las policías, pero en los hechos se las condena a sobrevivir con bajos salarios, sin equipo, sin profesionalización y enfrentando riesgos mortales. Entretanto, el país se hunde en un modelo militarizado que no resuelve la violencia y concentra poder en instituciones opacas.
El costo de esta incongruencia es evidente. Se debilita a las policías, que son las únicas con capacidad real de construir confianza ciudadana en el territorio. Al mismo tiempo, se apuesta a Fuerzas Armadas cada vez más poderosas y cuestionadas. Ningún acuerdo del CNSP, ni ninguna narrativa de coordinación nacional, podrá traducirse en seguridad si no se invierte de manera seria y sostenida en policías civiles y cercanas a la comunidad.
Mientras esa inversión no ocurra, México seguirá atrapado en un círculo vicioso entre policías abandonadas y militares fortalecidos. Y en ese modelo, las violencias seguirán siendo la constante.
Presidenta de Causa en Común