La crisis de desapariciones en México está directamente vinculada con la ola de violencias que azotan al país, impulsada por la expansión del crimen organizado y la complicidad u omisión de las autoridades. Miles de familias viven con el sufrimiento de no saber el paradero de uno o más de sus seres queridos. Como afirmó el sociólogo uruguayo Gabriel Gatti en México, “desaparecer es la regla y los desaparecidos son masa, no excepción”.
Los colectivos de madres buscadoras arriesgan sus vidas en la búsqueda de sus familiares. Estas mujeres viven en un estado constante de incertidumbre, esperanza y dolor emocional, todo mientras enfrentan la presión del crimen organizado y la indiferencia institucional. De acuerdo con el Centro Prodh, entre 2010 y 2024, 16 madres buscadoras fueron asesinadas o desaparecidas, 13 de ellas durante el sexenio anterior. Tal es el caso de Lorenza Cano Flores, integrante del Colectivo Salamanca Unido Buscando Desaparecidos, quien fue sustraída de su hogar el 15 de enero de 2023 en Salamanca, Guanajuato; antes de llevársela, sus captores asesinaron a su esposo y a uno de sus hijos.
Mientras las madres buscadoras viven en agonía, el gobierno federal minimiza la tragedia. Durante el sexenio de López Obrador, México alcanzó un máximo histórico de personas desaparecidas y no localizadas, con 53,261 casos registrados, elevando la cifra total a 120,628. El inicio del actual gobierno no muestra mejora: en sus primeros cinco meses, se han registrado 11,942 desapariciones, un 27% más que las 9,401 reportadas en el mismo período del sexenio anterior.
A pesar de ello, la presidenta Claudia Sheinbaum solo ha mencionado el tema una vez, el 29 de octubre de 2023, cuando aseguró que reforzaría el contacto con las madres buscadoras. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha reunido con los colectivos ni ha definido las políticas que implementará su gobierno para abordar la crisis.
El Sistema Nacional de Búsqueda (SNB) fue creado en 2018 para prevenir las desapariciones, operar registros, atender la crisis forense y coordinar a las instituciones responsables de la búsqueda de personas, la identificación de cuerpos y la detención de los perpetradores. Sin embargo, según el informe de Causa en Común (https://rb.gy/f94ibe), a seis años de su creación, el SNB refleja inoperancia, desinterés y negligencia.
Los hallazgos del informe son alarmantes. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), según su último reporte de septiembre de 2024, cuenta con apenas 119 trabajadores dedicados a la búsqueda en todo el territorio nacional. Si se considera que en 2024 se reportaron 13,449 desapariciones, cada trabajador tendría que buscar a 113 personas simultáneamente, sin contar los casos acumulados de años anteriores.
En cuanto a las Fiscalías Especializadas en Desaparición, la información disponible es escasa, pero el informe destaca que la impunidad en estos delitos es casi absoluta, consolidando la desaparición como el “crimen perfecto”.
Por otro lado, el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) inaugurado en 2022 y creado para encabezar las tareas de exhumación e identificación forense con el fin de reducir el rezago de las fiscalías, solo logró identificar a 15 personas mediante coincidencias genéticas al cierre de 2024. Un dato indignante que evidencia el fracaso institucional.
El informe concluye que las Comisiones de Búsqueda y Fiscalías que lo integran padecen por la falta de recursos y respaldo institucional para atender la acumulación de desapariciones, fosas clandestinas y cadáveres sin identificar; lo cual parecería responder a una estrategia política de invisibilización.
Nuestros desaparecidos no solo son víctimas al ser privados de su libertad y, en muchos casos, de su vida. También son nuevamente desaparecidos al ser eliminados de los registros, ignorados en las políticas públicas y silenciados por las autoridades. En México, la desaparición es una tragedia humanitaria, que el Estado insiste en perpetuar. (Colaboró Fernando Escobar Ayala)
Presidenta de Causa en Común