Mientras los hoteles de Los Cabos ofrecen agua desalinizada y seguridad privada a turistas extranjeros, las colonias locales sobreviven con pipas, apagones y miedo. Baja California Sur, el estado que presume ser uno de los más pacíficos de México, se está convirtiendo en el espejo más fiel de un país donde el gobierno ya no gobierna, solo administra la apariencia del orden.
Durante décadas, Los Cabos fue vendido como ejemplo de éxito turístico. En los setenta, el gobierno federal planificó su desarrollo bajo la idea de los “centros integralmente planeados”. Medio siglo después es una ciudad fracturada: un paraíso para unos pocos y una trampa de desigualdad para los demás.
El modelo turístico-inmobiliario privatizó a la autoridad. En Los Cabos, el agua, la seguridad y hasta la planeación urbana están subordinadas al interés del capital. Los hoteles y los fraccionamientos de lujo tienen sus plantas desaladoras y su propia policía; y los desarrolladores pactan directamente con instancias federales la reducción de impuestos.
El municipio creció más del doble en los últimos veinte años, pero las instituciones y los servicios a la población, siguen anclados en el siglo pasado. Las vías de comunicación insuficientes, las desalinizadoras caducas, los apagones son constantes y el abasto de agua en pipas se volvió un negocio lucrativo. Por otro lado, la situación de la policía municipal, la estatal y la fiscalía es sumamente precaria; y con signos de complicidad criminal.
Donde el gobierno no llega, el crimen organiza. Al auge inmobiliario y turístico le siguió la llegada del crimen organizado. Crecen las extorsiones y las desapariciones. En los últimos meses aparecieron mantas con amenazas, incluso dirigidas a ciudadanos estadounidenses. Las autoridades locales lo negaron, retiraron las mantas en silencio y prefirieron acusar a quienes informaron de los hechos antes que reconocer la realidad. Sin embargo, negar la violencia no la borra, en Los Cabos, el miedo también es un negocio.
Tanto el gobernador Víctor Castro Cosío como el alcalde Christian Agúndez gobiernan como si la seguridad fuera un asunto de relaciones públicas; callar, negar, minimizar pareciera su forma de complicidad. Mientras los colectivos de búsqueda se multiplican, el gobierno celebra la llegada de cruceros y nuevas inversiones inmobiliarias. En la misma semana en que se reportaron desapariciones, presumieron cifras de “paz social” y negaron la existencia de narcomantas.
La paradoja es que, mientras Washington eleva la alerta para viajar a Baja California Sur, en México nadie parece mirar. Quizá porque es un estado aislado, con pocos votantes y un turismo extranjero que derrama cifras millonarias para el gobierno federal, pero sin retorno a los municipios. Esa es una de las razones por la que, a pesar de la bonanza turística, Los Cabos vive carencias en derechos humanos básicos que alimentan la violencia, aunque no hagan ruido en los noticieros.
Baja California Sur es hoy un laboratorio de lo que ocurre cuando el poder público se subordina a los intereses privados. El Estado ya no protege, sino que subcontrata la gobernabilidad. Lo que antes era función de gobierno como la planeación, la infraestructura, la salud, la seguridad, hoy es negocio de particulares o instrumento del crimen.
México se acostumbró a vivir en islas de prosperidad rodeadas de abandono. Los Cabos es la metáfora perfecta: un país que presume estabilidad mientras pierde su capacidad de gobernar. Se privatiza el desarrollo, la seguridad y, finalmente, la autoridad misma.
Los Cabos sigue siendo el paraíso de las postales; pero debajo del azul espectacular de sus mares, el agua potable escasea, los servicios públicos se desmoronan, la violencia crece y la autoridad se evapora.
Si México quiere verse al espejo, que mire hacia Baja California Sur. Ahí está el futuro que estamos construyendo, un país donde todo se privatiza, incluso el derecho a vivir en paz.
Presidenta de Causa en Común
