Como era de esperarse, el aumento de delitos en el catálogo de Prisión Preventiva Oficiosa (PPO) en 2019, no fue una medida útil para disminuir los delitos graves, estos siguen al alza. Sin embargo, sí logró aumentar nuevamente el número de personas privadas de su libertad.
Ahora nuevamente está en el debate la PPO debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene tres proyectos por votar en los siguientes días para cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 25 de enero del 2023. Es el caso García Rodríguez y otros vs. México, donde se ordenó al país reformar su normativa para modificar la figura y evitar que se repitan casos como el de Daniel y Reyes Alpízar, dos hombres que pasaron 17 años en prisión sin una condena.
Es importante señalar que en México existen dos tipos de prisión preventiva: justificada y oficiosa. La primera no se aplica de manera automática por el tipo de delito sino por un análisis detallado de cada caso, evaluando el riesgo de fuga o de afectar a las víctimas y a los testigos; la segunda consiste en enviar de forma automática a prisión a las personas cuando sean acusadas por algún delito del catálogo de PPO, que es tan amplio que va desde abuso o violencia sexual contra menores, hasta el robo en una vivienda.
La sentencia no propone que se elimine la prisión preventiva, lo que determina es que ésta sea justificada, no oficiosa. Pero el presidente al no estar de acuerdo con la Corte Interamericana ha subido la presión sobre la Corte insistiendo en la defensa de esta medida cautelar, que considera imprescindible. A esta posición se han sumado los secretarios de Defensa y Marina al igual que todos los gobernadores. Hay que decirlo, desde el sexenio pasado muchas voces pedían que se aumentaran los delitos del catálogo.
Para defender la posición del Gobierno, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, salió a advertir que eliminar la prisión preventiva oficiosa es “una amenaza a la seguridad nacional”. Además, el Ejecutivo envió una carta a la Corte donde ataca al proyecto más ambicioso, el del ministro Jorge Pardo, que supone dejar sin vigencia a la PPO.
En el escrito, el gobierno acepta la escandalosa cifra de 68 mil personas (de las 232,600 encarceladas) que están en prisión sin que ningún juez haya valorado su caso. Sin embargo, mientras la secretaria hizo una presentación irresponsable para generar miedo en la población y el presidente presiona a la Corte, académicos y organizaciones expertas en el tema, afirman que eliminar la prisión preventiva oficiosa no implica que las 68 mil personas saldrán de prisión sin mas, sino que permite a los abogados pedir que se revise la medida cautelar del acusado. En el caso de que el juez lo decida, el imputado seguirá en la cárcel, o en caso de salir se pueden aplicar otras medidas como el brazalete electrónico, por ejemplo. Es de sentido común pensar que todos quisiéramos que un juez revise nuestro caso al ser detenidos.
Pero ni antes, ni ahora que el gobierno se dice “humanista” ha querido solucionar el fondo del problema: invertir los recursos económicos necesarios para preparar policías y fiscales, capaces de presentar carpetas de investigación eficaces ante los jueces, y un sistema de justicia que permita aplicar otras medidas; por el contrario, ante las fallas del sistema de procuración e impartición de justicia, la respuesta institucional es más ilegalidad y medidas que fomentan la arbitrariedad.
El presidente López Obrador pretende que todos vayan a la cárcel, pero, gran ironía, también quiere decidir quien y cuando alguien sale de ella. Por eso presentó la Ley de Amnistía. En pocas palabras, el presidente quiere ser legislador, fiscal y juez al mismo tiempo. (Colaboró Nancy Angélica Canjura Luna)
