Durante más de medio siglo, los mexicanos hemos construido instituciones para fortalecer la democracia. Con altibajos, avanzábamos en el camino correcto, conscientes de que siempre hay espacio para mejorar. Sin embargo, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador en 2018, la promesa de fortalecer la democracia se convirtió en una sistemática destrucción. Desde su primer decreto, que atacó a las organizaciones civiles, quedó claro que su agenda no era reformar, sino desmantelar.
Hoy, la destrucción alcanza a los órganos autónomos. La próxima semana, el Congreso votará por la desaparición de siete de ellos, incluyendo al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). En su momento, AMLO justificó su desaparición diciendo que "no sirven para nada" y que "son onerosos, gastos superfluos al servicio de minorías". Estos argumentos, sin embargo, no se sostienen.
Es falso que los órganos autónomos sean un despilfarro. Su presupuesto representa apenas el 0.05% del gasto federal, es decir, de cada 100 pesos que gasta el gobierno, solo cinco centavos van a estas instituciones. Por otro lado, los verdaderos agujeros negros del presupuesto, como Pemex, pierden miles de millones de pesos. Solo en el último trimestre, Pemex reportó pérdidas por 179 mil millones de pesos. Este contraste expone el tamaño de la falacia detrás del argumento del expresidente.
También es falso que estos órganos no beneficien a los ciudadanos. Instituciones como el INAI garantizan derechos fundamentales: acceso a la información, protección de datos personales y rendición de cuentas. Estos son derechos “llave”, ya que permiten ejercer otros derechos como el acceso a la justicia o la seguridad.
Por ejemplo, Juan fue detenido y acusado injustamente de un delito. Su familia no pudo acceder al expediente judicial, pero gracias al INAI, solicitaron información sobre el caso: videos de seguridad, registros policiales y documentos clave. Descubrieron que los policías habían plantado un arma y que la declaración oficial no coincidía con los hechos. Con esta información, lograron liberar a Juan, además de visibilizar abusos que afectan a más personas.
Este ejemplo muestra cómo el acceso a la información puede ser crucial para garantizar un debido proceso y exigir justicia. Sin el INAI, casos como el de Juan quedarían atrapados en la opacidad, perpetuando la impunidad.
La eliminación del INAI no solo pone en riesgo derechos individuales, sino que centraliza aún más el poder en el Ejecutivo. Los contrapesos institucionales, como los órganos autónomos, son esenciales para proteger a los ciudadanos de abusos de poder. Sin embargo, para López Obrador y todo indica que para Claudia Sheinbaum y sus aliados, estos contrapesos son obstáculos que deben eliminarse.
Aunque hay tiempo para que los legisladores eviten un daño irreversible, parece inevitable que el INAI pierda su autonomía; convertirlo en un organismo descentralizado podría ser una salida intermedia que preserve algo de su función.
México necesita instituciones confiables, capaces de evolucionar sin ser destruidas a machetazos. López Obrador gobernó con la consigna de la polarización y la confrontación, con el método porril que lo ha caracterizado desde que explotaba pozos petroleros en su juventud, pero México requiere gobernantes que protejan a sus ciudadanos. Hoy, más que nunca, la presidenta Claudia Sheinbaum debe demostrar liderazgo y garantizar que derechos fundamentales como la transparencia y la rendición de cuentas no desaparezcan con un plumazo legislativo.
No podemos permitir que el INAI, símbolo de la lucha de cientos de mexicanos por una democracia más abierta y responsable, se convierta en otra víctima de un proyecto de poder absoluto. La transparencia es la luz que ilumina la democracia. Si la apagamos, nos arriesgamos a retroceder décadas en derechos y libertades. (Colaboró Asael Nuche)
Presidenta de Causa en Común
