En México, la narrativa oficial minimiza la violencia criminal con frases como “se matan entre ellos” o, de plano, culpando a las víctimas. Un ejemplo claro fue la declaración del secretario de seguridad de Sinaloa, General Rentería Schazarino, tras el brutal asesinato de los niños Gael y Alejandro: “eso generan los vidrios polarizados”. Estas narrativas perversas buscan encubrir la colusión entre políticos y crimen organizado, permitiendo la impunidad y desmovilizando a la sociedad en la mayoría de los casos.
De acuerdo con la historiadora británica Mary Fullbrook en determinados contextos históricos y políticos, la sociedad enfrenta mayor presión para conformarse; el miedo a la represalia y la desensibilización ante la violencia pueden llevar a que personas comunes se conviertan en espectadores pasivos de atrocidades. En México, esto ha sido clave para que políticos corruptos sigan operando impunemente, facilitando que el crimen organizado se infiltre en instituciones y gobiernos.
Recordemos el “Michoacanazo” en 2009, cuando 11 alcaldes fueron detenidos por sus nexos con la Familia Michoacana en un intento del entonces presidente Felipe Calderón por desmontar los vínculos de autoridades del estado con este cártel. Sin embargo, fueron liberados meses después por jueces locales debido a supuestos errores en la investigación. Entre ellos estaba, Antonio Ixtláhuac Orihuela quien hoy gobierna por tercera vez Zitácuaro ahora por Morena. Reportes de inteligencia indican que su administración está infiltrada por el Cártel Jalisco Nueva Generación; éste no es un caso aislado, durante el gobierno de López Obrador se multiplicó la colusión político-criminal en el país. Hay casos similares en muchos municipios de Chiapas, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
Mas no solo sucede a nivel municipal, el estado de Tamaulipas es otro ejemplo alarmante. Audios filtrados revelarían vínculos del gobernador Américo Villarreal y Mario Delgado con el líder huachicolero Sergio Carmona, con quien incluso exportaban ilegalmente combustible a Estados Unidos.
Y otro caso escandaloso es el de la actual gobernadora de Veracruz, Rocío Nalhe. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tiene información que vincularía a la entonces Secretaria de Energía con líderes del huachicol y funcionarios de alto nivel de Pemex. A diferencia de otros estados donde perforan ductos, los políticos del Sureste fueron más ingeniosos, les concesionaron gasolineras a los criminales, donde les llega directamente el producto robado en Pemex. Tanto en el caso de Tamaulipas como en éste, el dinero se habría usado en el financiamiento de las campañas de Morena.
Sin embargo, el CNI no sólo documentó estos vínculos, sino que habría vendido información confidencial sobre operaciones encubiertas y agentes estadounidenses al Cártel de Sinaloa. Este acto de traición fue ignorado por López Obrador negándose a destituir al General Audomaro Martínez director del CNI, lo que posiblemente provocó la renuncia del embajador Christopher Landau. Hoy un importante funcionario en la administración de Donald Trump.
Por último, uno de los casos más alarmantes es el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Sus vínculos con el Cártel de Sinaloa han sido documentados y desde la captura del Mayo Zambada, la violencia en el estado se ha disparado, pero su administración además de ser incapaz de enfrentar la crisis también ha estado marcada por la indolencia y visible desprecio a la población que sólo pide vivir en paz. No obstante, el asesinato de los niños Gael y Alejandro desató protestas que exigen respuestas, acciones inmediatas y la salida del gobernador.
Este despertar de los sinaloenses es esperanzador. La movilización social es clave para destituir a estos funcionarios y recuperar las instituciones. Como expresó una joven en una manifestación en Culiacán: “Para sacar a los delincuentes de las calles, primero hay que sacarlos del gobierno”. ¿Qué opina la presidenta Claudia Sheinbaum? (Colaboró Asael Nuche)
Presidenta de Causa en Común