La presidenta Claudia Sheinbaum presidió este martes la 50 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) en Acapulco, Guerrero. Junto con su gabinete de seguridad se reunió con 30 gobernadores.
La Ejecutiva abrió la puerta para aprovechar los mecanismos institucionales y normativos que se desprenden del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). El mensaje fue apostar por una coordinación institucional y por un fortalecimiento de las instituciones locales; dotando al Secretariado Ejecutivo de la facultad constitucional para encabezar y vigilar este proceso y el cumplimiento de los acuerdos.
El rumbo que tomó el CNSP con Andrés Manuel López Obrador mantuvo el sello de la casa de su sexenio: el debilitamiento institucional en favor del poder unipersonal. El saldo es que México está aún más lejos de contar con un Sistema Nacional orientado a crear las condiciones institucionales indispensables para ofrecer seguridad.
Para evitar una confrontación con el ex presidente y sus huestes, durante la reunión pública, ni la presidenta ni quienes tomaron la palabra reconocieron el daño brutal impuesto a los mexicanos por la estrategia “abrazos no balazos”. Nadie se atrevió a mencionar las masacres, los desplazados, ni los desaparecidos. Tampoco se mencionaron los territorios controlados por el crimen organizado, ni la destrucción institucional. Dibujaron un México desconocido para los mexicanos.
Sin embargo, sí se registró una enorme diferencia. Después de 6 años de ausencia del Ejecutivo en el CNSP, la presidenta vuelve a tomar la rectoría. Además, recupera el diálogo indispensable entre autoridades federales y gobernadores. Les aseguró que contarán con el respaldo del gobierno federal, pero les regresó su responsabilidad de atender la seguridad en sus estados. Les insistió en fortalecer la policía estatal, coordinar a todos los eslabones de la cadena de combate a la delincuencia (policía, fiscales, jueces) e involucrarse diariamente, con el fin de evaluar la estrategia y los resultados.
Hizo hincapié en lo fundamental: mejores salarios, equipamiento, capacitación, formación, coordinación con las instituciones federales y como punto fundamental romper cualquier liga de corrupción en las instituciones de seguridad y justicia. Habló también de combatir la inseguridad evitando la impunidad “nosotros tenemos que lograr como Estado mexicano que el delito grave que se comete en nuestro país sea sancionado”, señaló.
Del otro lado de la mesa, muchos gobernadores seguramente se preguntaban ¿con qué presupuesto? Porque es responsabilidad del gobierno federal distribuirlo de forma eficiente, pero no es así. Mientras a las Fuerzas Armadas les darán 238,087 MDP; a la Secretaría de Seguridad Ciudadana 70,422 MDP y a los estados y municipios les tocarán 35,755 MDP. Es decir, al poder militar 124% más recursos que las instituciones de seguridad civiles.
Ahora lo que sigue es conseguir que los gobernadores muestren la misma voluntad política que manifestó la Presidenta. Aunque como hemos señalado durante años en Causa en Común hay otros desafíos: un presupuesto suficiente, indicadores de medición, controles externos por parte de la sociedad civil, seguimiento a los acuerdos y auditorías al presupuesto. Además, un punto que no está en la ley pero debería ser incluido, sanciones para quienes incumplan. El diseño del CNSP tiene muchas bondades, pero el hecho de que los mismos que aprueban los acuerdos sean los que decidan si cumplieron o no, ha hecho que —después de tres décadas— el objetivo de este órgano rector sea una promesa incumplida.
Por último, no sé a quiénes se refería la Presidenta (posiblemente a los gobernadores de Sinaloa y Guerrero o al entrante de Chiapas) en su insistencia de tomar su responsabilidad, de no permitir la impunidad en delitos de alto impacto y de evitar la corrupción, pero esperemos que a los irresponsables les ponga un “knock out”, ahora que estará de moda el box en la estrategia de prevención. (Colaboró Fernando Escobar Ayala)
Presidenta de Causa en Común
