La impunidad no es un accidente, es una estrategia. Funciona como combustible que alimenta tanto a las pandillas, como al crimen organizado y, en particular, a las mafias en el poder. Cuando no hay consecuencias, los delitos se repiten porque invita a los agresores a cometer nuevos delitos.
Desde que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, la protección a personajes señalados por corrupción o vínculos con el crimen ha sido escandalosa. Morena, más que cualquier otro partido, ha optado por una lógica de poder basada en la lealtad, la estabilidad interna y la utilidad electoral, antes que en la ética o la justicia.
Sobran ejemplos. Ahí están Cuitláhuac García, Rutilio Escandón y Adán Augusto López, exgobernadores de Veracruz, Chiapas y Tabasco, respectivamente. O los actuales mandatarios Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo y Américo Villarreal de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Todos, protegidos por el expresidente y por Claudia Sheinbaum (hasta hoy).
El caso de Cuauhtémoc Blanco Bravo merece una atención especial. Famoso por su carrera futbolística y tristemente célebre como político, representa un caso extremo de cómo la impunidad no sólo cubre el pasado, sino habilita el futuro delictivo de los poderosos.
Como vecina de Cuernavaca, he visto pasar muchos malos gobernantes, pero nunca había escuchado tantas historias de horror como las que rodean a Blanco: desde amenazas, corrupción y violencia institucional, hasta relatos oscuros de su vida privada. Historias que crecieron con su paso de alcalde a gobernador, dejando una estela de víctimas particularmente, la sociedad morelense.
Quienes conocen de cerca esta historia, que ya suma casi una década, aseguran que el exgobernador acumula al menos diez denuncias: delitos electorales, lavado de dinero, vínculos con el crimen organizado, enriquecimiento ilícito, peculado, homicidio… y ahora, violación. Una lista de acusaciones que abarca prácticamente todo el catálogo penal.
De ser ciertos, estaríamos frente a uno de los personajes más deleznables que ha producido la política mexicana. Pero también ante una evidencia clara de cómo opera la impunidad cuando es impulsada y aplaudida desde las más altas esferas del poder.
Como mujer, lo que más me estremece son los delitos sexuales que se le imputan. Leer el relato de Nidia Fabiola, media hermana del acusado es desgarrador. Lo que vive esa mujer debería indignarnos a todas, sin embargo, ¿qué vimos? A un grupo de diputadas gritando “¡No estás solo!” mientras rechazaban el desafuero de Blanco. No se pedía una condena. Solo que fuera juzgado como cualquier ciudadano. Como cualquier agresor.
Ese día comprendí, con un nudo en la garganta, que la paridad no garantiza justicia. Muchas mujeres han llegado al poder, pero no todas están del lado de las víctimas o no tienen capacidad de incidir en las decisiones. Mientras eso no cambie, el feminismo institucional seguirá siendo una simulación. “Llegamos todas” hoy es un eslogan vacío.
Ahora, el balón caliente está en la cancha de la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, quien prometió respetar el curso de la justicia, sobre todo en casos de violencia contra las mujeres. Veremos si cumple. Porque no basta con que llegue una gobernadora, se necesita decisión, valentía y compromiso.
También es momento de que el nuevo fiscal, Edgar Antonio Maldonado, le hable con claridad a la sociedad: ¿cuántas carpetas de investigación hay contra Cuauhtémoc Blanco? ¿Qué avances hay? ¿Qué sigue? La transparencia y la eficacia no puede seguir postergándose, cuando la justicia y la credibilidad de los políticos está en duda.
Lo único que no está en duda es esto: si no exigimos justicia para Nidia Fabiola, estaremos aceptando que cualquiera de nosotras podría vivir la misma pesadilla. Porque la justicia sigue secuestrada por quienes, disfrazados de poder público, se creen dueños de este país. (Colaboró René Gerez López)
Presidenta de Causa en Común
