Los gobiernos democráticos deben garantizar el uso legítimo de la fuerza y la división de poderes. Además, para tener gobernabilidad requieren del desarrollo de una infraestructura administrativa permanente con la capacidad de gestionar las políticas públicas y una capacidad política que negocie con la oposición y escuche las demandas de los ciudadanos.
Durante su campaña, AMLO leyó muy bien lo que a los mexicanos les dolía, prometió austeridad y eliminar la corrupción. Sin embargo, bajo el falaz argumento de la austeridad republicana, menoscabó las capacidades de la Administración Pública Federal. Lo hizo a través de la desaparición de algunas funciones y de ciertas dependencias u organismos dentro de ellas, pero sobre todo a través de la drástica disminución de los mandos medios especializados encargados de diseñar y vigilar la implementación de las políticas públicas, y el incremento desproporcional del personal de menor nivel. Como lo muestra el estudio ‘El legado administrativo de AMLO, una Burocracia menos capaz y más discrecional’ de MCCI mientras que las plazas de mandos medios tuvieron una reducción de 45%... las de nivel operativo tuvieron un aumento porcentual de casi 50%. En lo único que se esforzó el mandatario fue en lograr una burocracia 90% leal y 10% capaz.
Por otro lado, su capacidad de hacer política en términos de gobernabilidad democrática y de negociar y consensuar es prácticamente nula. No ha concertado con las fracciones políticas y parlamentarias para llegar a acuerdos dentro de la necesaria pluralidad existente; vale la pena resaltar que en 5 años ni una sola vez se ha reunido con la oposición. Su intolerancia al diálogo también lo llevó a azuzar al Poder Judicial por no ajustarse a su voluntad. Lo ha insultado y descalificado, principalmente atacando a los ministros de la Corte.
Encima, ahora que el exministro Arturo Zaldívar prefirió ser aplaudidor de Morena que árbitro de la Nación, se elegirá una nueva ministra. El Ejecutivo dejó claro que solo enviará personas que le sean fieles subordinadas. La primera terna fue rechazada por el Senado al no contar con la trayectoria requerida y es previsible que la siguiente terna tenga el mismo camino. Habría que preguntarse si la oposición en el Senado no debería hacer valer su derecho y consensuar a la persona menos dañina, en lugar de dejar que el Presidente tome la decisión, pues el resultado será muy previsible: mandará un clon de Yasmín Esquivel o uno de Loretta Ortiz.
En cuanto a los órganos autónomos, el INE y el INAI han corrido la misma suerte, los ha desprestigiado, ahorco sus presupuestos y congeló los nombramientos. Por otro lado, no tolera la libertad de expresión, asume que todos los que lo cuestionan o exigen son sus enemigos, sean periodistas, organizaciones civiles, académicos o víctimas. Solo se reune con quienes le rinden sumisión absoluta. La diferencia entre sus visitas a Badiraguato y a Acapulco lo constatan. Mientras con los pobladores del primero es cercano y afable, con los acapulqueños tras el huracan Otis es distante. Incluso al grupo que vino de Acapulco a manifestarse en el Zócalo los llamo “politiqueros y oportunistas”. Él no escucha ni consensua, él impone su voluntad.
El Presidente le está dejando un país en riesgo de ingobernabilidad a la candidata que llegue en 2024. Debilitó la Administración Pública Federal y la división de Poderes, perdió el monopolio del uso legítimo de la fuerza con su estrategia de abrazos a los criminales y abandonó la cercanía con la gente. La gobernabilidad se mantiene en alfileres por el flujo de ayudas sociales y el apoyo que mantiene del Ejército. Sin embargo, el dinero no es interminable y el Ejército siempre puede dar una sorpresa.
