Claudia Sheinbaum cumple su primer año con la consigna de “vamos bien y vamos a ir mejor”. El discurso oficial presume una caída de homicidios, un giro ordenado en la seguridad y golpes a la corrupción heredada. La realidad es menos lineal. Se intenta rearmar capacidades civiles en el nivel federal sobre un andamiaje que sigue descansando en las Fuerzas Armadas (FA) sin el fortalecimiento de las policías locales. Al mismo tiempo, el nuevo Poder Judicial no se percibe eficiente ni independiente. Es decir, la alta aprobación le da un respiro, pero no despeja esas incógnitas.
Es destacable que se haya trabajado en el reforzamiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con cuadros técnicos y se haya regresado a una policía federal enfocada en coordinación e inteligencia, sugiriendo que el centro civil busca recuperar el mando operativo que el sexenio anterior cedió a la lógica militar. Sin embargo, el nuevo traje convive con viejas costuras: las FA mantienen bajo su tutela puertos, aeropuertos y aduanas. El resultado es una seguridad híbrida, con un renacer policial mientras se mantiene el perímetro castrense; esa cohabitación solo será eficiente si se invierte en policías, fiscalías y jueces locales.
El gobierno presume menos homicidios. Si el dato es real, falta explicar ¿por qué aumentan las desapariciones persistiendo un silencio desolador? La extorsión —ese impuesto criminal que erosiona la vida diaria— se cuenta por miles de casos con costos en miedo, cierre de negocios y expulsión de comunidades. De los detenidos no se sabe cuántos enfrentan procesos o cuántos regresaron a la calle. Lo relevante no es cuántos homicidios bajaron o cuántas detenciones hubo, sino qué tan capaz es el Estado de investigar, acusar y sentenciar.
Se anunció una fuerte inversión en la Policía Federal. Pero las policías y fiscalías estatales siguen en condiciones deplorables, como muestra el Índice de Transparencia de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia y Penitenciarias (https://acortar.link/3bGeT6). El salto cualitativo llegará cuando el trabajo de seguridad se traduzca en justicia para las víctimas.
En paralelo, la Presidenta abrió la caja de Pandora del huachicol fiscal, la mayor estafa al Estado en un siglo. Envió una señal contra la corrupción al investigar a quienes hasta hace poco se asumían intocables. Falta ver que sean procesados, secando la red de macrocriminalidad desde la raíz.
Sheinbaum cierra el año con alta aprobación, pero la gobernabilidad no se mide en encuestas, sino en la capacidad de procesar conflictos, acotar poderes fácticos y sostener reglas. La Reforma Judicial fue el cambio institucional más severo en décadas y deja preguntas que no pueden posponerse. ¿Cómo blindar a los jueces de presiones partidistas y del crimen? ¿Cómo evitar que el nuevo diseño repita viejos vicios? Ya se asoman señales incómodas por procesos internos cuestionados y litigios que anticipan conflicto; la legitimidad del nuevo PJ debe derivar del mérito y controles reales, no de las urnas.
La Presidenta proyecta liderazgo firme. El examen decisivo está en marcar un sello propio que mejore la vida de la gente. Si el viraje civil en seguridad se queda a medias, si la Reforma Judicial no produce resultados y si el huachicol fiscal no se combate hasta el fondo, este primer año se recordará como anécdota. La oportunidad sigue abierta para usar su legitimidad en reconstruir capacidades del Estado.
El primer año deja claroscuros. Señales de corrección con el mando civil recuperando espacio, pero un poder militar intocado. Coordinación con gobiernos estatales, pero policías y fiscalías sin capacidades. Reforma Judicial en marcha, pero con dudas serias. Gestos contra la corrupción, pero sin garantías de profundidad o eliminación de la impunidad. Popularidad no debe confundirse con Estado de derecho. Si la Presidenta quiere trascender, tendrá que apostar por lo difícil, construir instituciones que sobrevivan cuando el aplauso se apague.