La lógica indicaría que más personas en prisión significaría menos violencia. Sin embargo, algo salió mal en la ecuación. Ahora México tiene más personas en prisión que nunca, pero la violencia en muchos lugares es más grave. En seis años, la población penitenciaria creció casi 33 %, siguen amontonando gente sin espacios disponibles y sin que bajen los crímenes graves.
Según el INEGI, en 2018 había 178 mil personas privadas de la libertad; para el cierre de 2024, la cifra alcanzó las 236 mil 773. Nunca habíamos tenido tantas personas encerradas y tampoco habíamos vivido una violencia tan persistente entre desaparecidos, homicidios, extorsiones, violencia familiar y masacres; en realidad encerrar más personas no está generando más seguridad.
A pesar del hacinamiento, en febrero pasado, la Presidenta afirmó que “por sexto año consecutivo, según la CNDH, contamos con el mejor Sistema Penitenciario”. Difícil saber si fue cinismo o desconexión; lo cierto es que esa “evaluación” proviene de una Comisión alineada al poder, que califica con complacencia un sistema con más de 130 penales sobrepoblados, decenas de miles de personas sin sentencia y condiciones que violan derechos humanos básicos.
El crecimiento acelerado ha desbordado las cárceles. Al cierre de 2024, los espacios disponibles apenas superaban los 230 mil, pero en 2025 al menos 133 penales registran sobrepoblación. Por ejemplo, en el Estado de México y Nayarit, la ocupación supera el 230%, más del doble de lo permitido. Esta saturación no es nueva, pero hoy es más extendida. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, hubo penales con niveles críticos, pero el problema estaba concentrado. Ahora, aunque la sobrepoblación en algunos centros es menor porcentualmente, la crisis es nacional, casi la mitad de los penales del país operan por encima de su capacidad.
Las causas del repunte son claras. Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el uso de la prisión preventiva se incrementó. En 2018, al cierre del sexenio de Peña Nieto, aproximadamente el 43% de las personas privadas de la libertad no tenían sentencia; para finales de 2024, esa proporción había subido a más del 47%, de acuerdo con cifras oficiales. El aumento coincide con la reforma de 2019 que amplió el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, y se consolidó con la reforma de Claudia Sheinbaum a principios de 2025, que incluyó más delitos. El resultado es que más personas están encerradas, sin juicio, sin sentencia y sin que un juez haya valorado las pruebas en su contra.
Además, en 2025 el Poder Judicial entró en parálisis, primero por la incertidumbre causada por la reforma que lo desmanteló, y luego porque muchos jueces han estado más ocupados en sus campañas que en dictar sentencias. Así, miles de personas en espera mientras el sistema se ahoga en su propia ineficacia.
El resultado es un sistema penal que encierra más, pero al parecer no a los culpables de generar violencia y que administra cuerpos, pero no justicia. Es un sistema que amontona personas para luego olvidarlas, además muchas de ellas no son culpables. Son jóvenes, con poca escolaridad, sin recursos ni defensa adecuada, atrapados por un sistema que castiga la pobreza, pero deja intactas las estructuras del crimen dentro o en complicidad con el gobierno.
La justicia penal se ha vuelto una puesta en escena, se detiene a muchos para que parezca que se hace algo, aunque no se resuelva nada.
La violencia no disminuye porque el Estado no toca las raíces que la sostienen: impunidad, corrupción, desigualdad y complicidad institucional. Hoy tenemos más personas en prisión, menos sentencias, más sobrepoblación… y más funcionarios celebrando logros. Quizá tiene razón Sheinbaum, tenemos “el mejor” Sistema Penitenciario. El mejor para encarcelar, el peor para hacer justicia.
Presidenta de Causa en Común