La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes no es un hecho menor, es un golpe táctico relevante. Abatir al líder del CJNG requirió inteligencia, coordinación interinstitucional, capacidad operativa y decisión política. También marca, de facto, el fin simbólico de la política de “abrazos no balazos”. El domingo pasado se volvió a demostrar que el Estado tiene capacidad suficiente, sin embargo, detrás del operativo hay una verdad incómoda que el país debería discutir con honestidad y es que nunca va hasta el fondo.
Cada vez que se trata de detener o abatir a un capo —sobre todo cuando hay exigencias de cooperación con Estados Unidos— la maquinaria funciona con precisión; pero cuando se trata de desmontar redes financieras, romper estructuras de lavado, investigar empresas fachada o procesar a políticos coludidos, la determinación se diluye.
Ahí aparece el límite invisible. Durante años, el CJNG no creció solo por su capacidad de fuego, sino porque tuvo recursos constantes, control logístico, disciplina interna y, en múltiples territorios, protección institucional. Ningún cártel se convierte en imperio y alcanza expansión nacional sin tolerancia política.
Por otro lado, sus finanzas no son marginales. Investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos han sancionado redes empresariales vinculadas al CJNG, incluidas compañías utilizadas para fraude turístico y lavado de dinero en destinos como Puerto Vallarta y Nayarit. No se trata únicamente de narcotráfico, sino de estructuras insertas en sectores formales que generaron cientos de millones de dólares durante años. El rastro financiero existe; falta voluntad para asfixiarlo.
El patrón se repite una y otra vez, operativos espectaculares que otorgan capital político inmediato y luego… nada estructural. Las economías criminales permanecen intactas, las redes de lavado continúan operando y las instituciones civiles siguen débiles. Las fiscalías sin autonomía real y policías locales en precariedad no pueden sostener una transformación duradera; es como podar ramas mientras se protege la raíz.
México tiene una advertencia reciente en Sinaloa. Tras la detención del Mayo Zambada, lejos de disminuir, la violencia letal se expandió. Después de varios años de descenso, la suma de homicidios dolosos, feminicidios, desapariciones y otros delitos contra la vida pasó de 1,599 en 2023 a 3,550 en 2025. Cuando el negocio es rentable, la violencia no desaparece; en el mejor de los casos, cambia de manos. No olvidemos que detrás del crecimiento del CJNG hay miles de historias de desaparición, reclutamiento de jóvenes, comerciantes que pagan cuotas para sobrevivir y comunidades enteras que abandonaron sus hogares. Hay madres que siguen buscando a sus hijos.
Honrar a militares y policías caídos no es únicamente abatir capos; es romper el sistema que permitió su expansión. Honrar a las familias de los desaparecidos no es celebrar un operativo; es impedir que el siguiente líder ocupe la misma silla bajo el mismo modelo de protección. Lamentablemente, hasta hoy no hay señales de una ofensiva integral contra las estructuras financieras del CJNG ni anuncios de investigaciones políticas vinculadas a su expansión.
Ahí está la verdadera prueba. El Estado ya probó que tiene capacidad para detener o abatir. Lo que está por verse es si tiene voluntad para desmontar el sistema. Si no se asfixian las redes financieras ni se investigan las complicidades políticas, el mensaje será el de siempre: el poder criminal puede perder un jefe pero conserva su estructura de protección.
Si el dinero sigue fluyendo y las alianzas permanecen intactas, este golpe no será un punto de quiebre. Será otro episodio en una guerra que se administra, pero no se resuelve. Abatir a El Mencho no es el fondo del asunto. El verdadero desafío es si están dispuestos a enfrentar a quienes lo hicieron posible.
Presidenta de Causa en Común