Los pueblos indígenas han enfrentado históricamente una serie de desafíos y dificultades que amenazan su existencia y cultura. Uno de los problemas más urgentes que enfrentan actualmente es el desplazamiento forzado consecuencia del incremento significativo de la violencia asociada con el crimen organizado. Sus pueblos, debido a su ubicación en regiones ricas en recursos naturales y a menudo alejadas de las ciudades, se han convertido en puntos de interés para grupos criminales y actores violentos que buscan ampliar su control territorial. Esta situación ha llevado a comunidades enteras a abandonar sus hogares para buscar refugio en áreas urbanas u otras comunidades indígenas generando una crisis humanitaria que afecta a miles y que, sin embargo, es ampliamente ignorada por el gobierno.
Chiapas representa uno de los estados con la mayor concentración de pueblos indígenas e históricamente ha sido una de las regiones más azotadas por la violencia en comunidades autóctonas. Lo que sucede en el municipio Frontera de Comalapa es solo la punta del iceberg de la situación que viven los municipios ubicados en la frontera entre Chiapas y Guatemala, donde desde mediados de 2021 el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación se confrontaron por la disputa del control de esta zona.
La expresión más violenta de esta guerra entre cárteles es el reclutamiento forzado, el secuestro, asesinato y desaparición de personas. El número de personas que han desaparecido en la región desde 2021 es de, al menos 63, sin que la Fiscalía de Justicia ofrezca alguna respuesta. Además, la semana pasada, los dos cárteles se volvieron a enfrentar y a su paso se llevaron de manera forzada a, por lo menos, una decena de jóvenes a los que, según sus familiares, los están obligando a participar en su disputa. Todo esto ha provocado que muchas familias estén tratando de huir.
El Centro de Derechos Humanos Bartolomé de Las Casas ha documentado el desplazamiento forzado de indígenas por más de 3 décadas en el estado de Chiapas y aseguran que anteriormente los motivos eran religiosos o de conflictos armados internos. Sin embargo, en los últimos años estos desplazamientos se deben a los actos del crimen organizado que, con la anuencia del Estado, están coludidos con células criminales que operan en la región, utilizando conflictos comunitarios para provocar terror y controlar a la población. Cecilia Jiménez Damary, relatora especial sobre Derechos Humanos de los desplazados internos por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sostiene que el 40% de los poblados indígenas en México se encuentran en condiciones de desplazamiento debido, principalmente, a la violencia e inseguridad.
La separación de sus territorios y la fragmentación de sus comunidades ponen en peligro la transmisión de sus conocimientos, su diversidad cultural, su patrimonio y la preservación de su lengua. Al llegar a las ciudades se encuentran con una ausencia de apoyo por parte de los gobiernos que los canalizan a centros de refugio donde las condiciones son precarias y no hay acceso a servicios básicos de salud, educación y vivienda adecuada.
Es trascendental que el Gobierno Federal tome con seriedad esta crisis humanitaria y que en apoyo de la comunidad internacional y las organizaciones de la sociedad civil se construya una respuesta integral que garantice la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Por lo pronto, en la página https://congresonacionalindigena.org se dan a conocer las acciones que se tomaran en los próximos días, entre ellas una protesta el 8 de junio para exigir un alto a la violencia militar, paramilitar y del crimen organizado. (Colaboró René Gerez)
