Por el incremento de la violencia que impera en la mayoría de los municipios, ahora no solo los ciudadanos sino también las autoridades locales tienen miedo y prefieren resguardarse. Como en el municipio de Ayala que, ante la falta de respuesta del gobierno de Morelos y de la Guardia Nacional, determinaron suspender su tradicional feria en honor a los Reyes Magos. Y no es para menos, los grupos criminales controlan muchas localidades.
El fracaso de la estrategia de seguridad del presidente López Obrador es contundente y va de la mano con el deterioro de las instituciones de seguridad y justicia federales y estatales. A pesar de que se le otorgó todo lo que quiso para mejorar la seguridad, como formar la Guardia Nacional y multiplicar los delitos de prisión preventiva oficiosa (actualmente hay más personas en prisión); ahora solo puede presumir éxitos manipulando las cifras delictivas, desapareciendo de los registros a los desaparecidos, o mintiendo sobre falsos rescates, como lo sucedido esta semana en Tamaulipas.
Su fracaso se refleja de forma cruel en la desesperación de las madres buscadoras, que muchas de ellas prefieren pedirles a los criminales que les digan dónde están sus hijos que acudir a las autoridades.
Sin duda, por la falta de respuesta de las autoridades y por la complejidad de un año electoral con más de 20 mil puestos de elección en disputa, este 2024 se vislumbra más violento. En ese sentido, señalo cuatro puntos a tener presentes.
Primero, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, algunos elementos me comentan que solo cambiaron los membretes de los oficios, pero no hay ninguna instrucción para prepararlos como policías. Entonces, veremos a las Fuerzas Armadas haciendo lo mismo, rondines y levantando muertos. Por tanto, tristemente seguirá habiendo todo tipo de atrocidades.
El segundo punto, en los cinco meses que faltan para el 2 de junio el Ejecutivo seguirá descalificando a la oposición, a los órganos electorales y a la SCJN, al igual que declarando a favor de sus candidatos; y se vislumbra que, a través de los programas sociales, inyecten recursos públicos a las campañas y que amedrenten a los votantes con quitarles los beneficios si gana la oposición. La intervención cínica del Presidente provocará una mayor polarización y enfrentamientos (muy posiblemente violentos) entre candidatos y partidos.
Tercero, el crimen organizado jugará por sus intereses en los estados y municipios que le importan para el trasiego y/o la venta de drogas, como lo hizo en elecciones anteriores al menos en Sinaloa, Sonora, Zacatecas y Guerrero. Pondrá dinero ilegal en las campañas, infundirá miedo, impondrá o eliminará a políticos a conveniencia, y llevará acarreados a las urnas.
Por último, este año coincidimos con las elecciones presidenciales de EU, ellos presionarán para imponer su agenda política en la estrategia bilateral. Empujarán la detención de migrantes de nuestro lado de la frontera, lo que conlleva una mayor actividad del crimen organizado que convierte a las personas en mercancía, principalmente tratándose de migrantes. Y presionarán en la captura de capos de la droga, pero como siempre, al no acompañarse de otras medidas, aumentará la violencia en los lugares donde se lleven a cabo las detenciones.
A excepción de entidades como Coahuila, Campeche, Querétaro y Yucatán, todos los estados en mayor o menor medida son zona de riesgo. Tomemos las previsiones necesarias que están en nuestras manos para cuidar de nuestras familias y, como lo hicimos hace 20 años en la capital del país, pongamos un ¡ya basta!, e inundemos las calles con nuestras exigencias de seguridad y justicia.