Como los hemos reiterado diversas organizaciones sociales y especialistas, el 2020 concluirá como uno de los años más tristes en materia de seguridad . Lo más lamentable es que no se observó en ningún momento voluntad de cambiar las cosas. Por el contrario, aumentó la negación, las justificaciones, el subregistro y el engaño. Prueba de ello es que el viernes en su conferencia mañanera , el presidente celebraba que en los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad ( ENVIPE ), levantada este año, pero relativa a los delitos cometidos en el 2019 la gente estaba “internalizando que se avanza para garantizar la paz y la tranquilidad, que no haya violencia en el país”.
La encuesta efectivamente muestra disminuciones en algunos delitos, pero el propio INEGI señala que hubo meses en los que no se recogió información debido a la contingencia sanitaria . También está claro que las disminuciones de este año, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se deben, en buena medida, a una mucho menor movilidad y a las mayores dificultades para presentar denuncias , pero cuando no hay nada que presumir, cualquier dato es válido para tratar de cambiar la realidad.
Este año el gobierno federal abandonó cualquier posibilidad de construir un proyecto civil de seguridad. De hecho, nuestras policías se encuentran en un nivel de indefensión que debería ser motivo de preocupación extrema para cualquier sociedad. En Causa en Común , hemos registrado, en lo que va del sexenio, al menos 988 policías asesinados. Nunca dejaremos de insistir en que cualquier camino para enfrentar la inseguridad atroz que padecemos, pasa por cuerpos de policía bien pagados, capacitados y equipados, que posean capacidades de investigación, y con una vocación de vinculación social.
Sin embargo, vamos en sentido opuesto y, para suplir instituciones eficaces, se promueven iniciativas violatorias de derechos, que han sido conquistas de muchas generaciones de mexicanos; ejemplos de contrarreformas son el incremento de delitos por los que se puede encarcelar a una persona de manera automática, y la posibilidad de congelar cuentas y confiscar propiedades sin juicio previo.
Además, se militariza al país a una velocidad y con una profundidad nunca antes vistas. A diferencia del militarismo que prevaleció en América Latina durante el siglo XX, en México se logró una clara separación de las esferas civil y militar. Pero ahora, a los institutos armados se les otorgan más y más funciones y responsabilidades. Al error de incorporarlas cada vez más en tareas de seguridad pública , ahora se añade un proyecto claro para alinearlas, no con el Estado mexicano , sino con un proyecto político.
Este aumento sustancial de funciones conlleva un riesgo político mayúsculo . No se necesita conocer mucho de historia para saber que un involucramiento militar creciente en la vida política de una nación pone en riesgo derechos humanos , libertades y democracias . Desafortunadamente, sin contrapesos en el Legislativo, por parte de organismos autónomos, y cada vez menos en el Poder Judicial, deben prenderse todas las alertas. No sólo no hay resultados, sino que el creciente autoritarismo avanza agravando, por diseño o por ineptitud, circunstancias que ya son desastrosas en lo económico, en lo social, y en cuanto a inseguridad.
Así las cosas, el país se dirige hacia un contexto de crisis múltiples . Sin embargo, no es pese a la adversidad, sino debido a ella, que cobran aún más sentido todas las acciones que defiendan nuestra pluralidad y nuestra democracia, nuestros derechos y nuestras libertades. Ante la estrechez de pensamiento , insistamos siempre en la viabilidad de otros caminos.
El presidente ha dicho que las bases de la transformación ya están puestas, efectivamente, los primeros pasos de la destrucción institucional han sido dados. Las elecciones del próximo año serán fundamentales para decidir el camino que el país tendrá en los siguientes años.
Colaboró Raúl Rosales.
