En México, la respuesta del Estado frente a la violencia no depende de la gravedad del delito, sino de quién es la víctima y el victimario. Cuando hay cámaras, presión mediática o costo político, aparecen comunicados, promesas de investigación y visitas oficiales. Cuando no los hay, el silencio se vuelve regla. No es una falla del sistema sino su modo de operar.
Esta selectividad se volvió regla en secuestros, asesinatos o desapariciones, que pueden pasar días o semanas sin reconocimiento oficial. Las familias comienzan a buscar por cuenta propia y, cuando desesperadas lo hacen público, obligan a las autoridades a admitir hechos que seguro conocían. Esta situación fue exhibida con claridad en el secuestro de los trabajadores mineros. Mientras la tragedia no generó presión mediática el Estado calló, no fue ignorancia, fue decisión.
Ese silencio no es un error ni una anomalía, es el método oficial. La violencia que golpea a trabajadores, comunidades rurales y territorios periféricos no existe para el Estado mientras no se vuelva políticamente costosa. No porque no ocurra, sino porque no genera presión ni incomoda al poder.
Así se construye una jerarquía perversa de víctimas. Algunas merecen atención inmediata, recursos y discursos públicos; otras apenas merecen ser reconocidas. El mensaje es claro, hay vidas que importan más que otras y derechos que solo se activan cuando ignorarlos tiene costo político.
La selectividad no termina en quién recibe atención; determina quién asume el costo cuando ocurre una tragedia. En los gobiernos de Morena, la responsabilidad penal y política rara vez escala, sino que se desplaza hacia los niveles inferiores. Cuando el daño está ligado a decisiones de gobierno se castiga al eslabón más débil y se protege a quienes concentran el poder. El descarrilamiento del Tren Interoceánico es ilustrativo, el foco se colocó en el los operadores. Se blindó a la Marina que es responsable del diseño, la construcción y la operación del proyecto, así como a quienes lo impulsaron desde el poder político. Alguien tenía que pagar, pero no podían ser quienes decidieron, asignaron contratos o supervisaron la obra. La justicia volvió a operar como fusible: sacrificar al de abajo para salvar a los de arriba.
No se trata de errores individuales, son responsabilidades institucionales diluidas deliberadamente. El patrón se repite, cargan con el costo el trabajador, el operador, el funcionario menor; los mandos, los diseñadores y los protegidos del régimen permanecen intactos. La impunidad no solo es socialmente selectiva, además es jerárquica.
Las fiscalías reflejan esta misma lógica; actúan con rapidez cuando hay presión mediática o riesgo político, pero se paralizan frente a miles de delitos cotidianos que afectan a quienes no tienen voz. En este contexto, resulta un despropósito, y un insulto, que Clara Brugada sugiera que “los medios le bajen a la nota roja”. Sin reporteros documentando la violencia, muchas tragedias ni siquiera existirían para el Estado y sería imposible exigir algo de justicia.
Un Estado que responde solo a sus intereses no gobierna, administra el abandono. Renuncia a su función central de proteger a todos y la sustituye por el control del daño político. Minimiza lo que no se ve y normaliza que amplios sectores vivan fuera del amparo institucional.
Así no hay estrategia de seguridad posible. Sin igualdad ante la ley no hay confianza y lo que queda es un país donde la violencia se distribuye de manera desigual y la justicia también.
La pregunta ya no es por qué no baja la violencia. La pregunta es por qué seguimos aceptando un Estado que abandona a los invisibles y castiga a los más débiles para proteger a los poderosos. Cuando la justicia se aplica solo hacia abajo, deja de ser justicia y se convierte en un mecanismo de control.
Presidenta de Causa en Común