Mientras las Naciones Unidas celebraban la sesión número 70 de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70), el informe del Secretario General reveló un dato que debería sacudir conciencias: si el progreso continúa al ritmo actual, cerrar las brechas de protección jurídica entre mujeres y hombres tomará 286 años. No es solo una proyección poco auspiciosa sino una sentencia descriptiva del presente con brutalidad.
El diagnóstico es tajante. Hoy, las mujeres en el mundo disfrutan solo del 64% de los derechos legales que tienen los hombres. En áreas fundamentales, como trabajo, propiedad, movilidad, seguridad, jubilación, la ley las perjudica de forma sistemática. En el 54% de los países, la violación aún no se define con base en el consentimiento, sino en la fuerza física del agresor. En el 44% no existe obligación legal de garantizar igualdad salarial. Estas no son situaciones menores, se trata de la desigualdad reflejada en normas vigentes.
México no escapa a esta lógica. El país ha hecho reformas, como la tipificación de la violencia digital y política por razón de género, el reconocimiento constitucional de la igualdad sustantiva, el impulso a la paridad legislativa. Trece estados son gobernados por mujeres. Sin embargo, la estructura formal no ha transformado todavía la realidad cotidiana. Según datos del Inegi, solo el 13.1% de las mujeres que experimentan violencia física o sexual por parte de su pareja presenta denuncia. Las razones: miedo, estigmatización, revictimización, desconfianza institucional e impunidad.
Una de las grietas más reveladoras está en la definición misma de los delitos sexuales. Un análisis presentado por la organización internacional de derechos humanos Equality Now sobre 33 códigos penales estatales en México documentó que la mayoría de las definiciones de violación se centran en la fuerza física del agresor y no en la ausencia de consentimiento de la víctima, dejando fuera del alcance de la justicia a la mayoría de los delitos sexuales. A esto se suma la figura del estupro, señalada como una herramienta que permite eludir penas más severas cuando las víctimas son adolescentes.
La trampa de la igualdad formal radica en su apariencia de suficiencia. Una ley existe y el problema parece ser su aplicación. Pero este razonamiento es incompleto. Como advierte ONU Mujeres, garantizar el acceso a la justicia exige marcos legales con enfoque de género, financiamiento suficiente, servicios especializados con cobertura territorial y datos confiables. La coherencia entre ley e implementación, entre compromiso y presupuesto, no es un detalle menor, es la condición para que los derechos dejen de ser una promesa que nunca llega.
La CSW70 convocó, del 9 al 19 de marzo, a gobiernos, organismos internacionales y activistas en Nueva York bajo el lema “Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y niñas”. Ahí estuve presente como Presidenta de Ola Violeta AC y puedo confirmar que los acuerdos trabajados ofrecen una ruta para construir sistemas jurídicos más inclusivos y eliminar leyes discriminatorias. Es un avance, pero los acuerdos no viven sin voluntad política ni cívica; sin recursos o rendición de cuentas. De otra forma, enfrentaremos 286 años… de soledad en espera de la igualdad sustantiva.