Cuando las mujeres en México consiguieron que se reconociera su derecho al voto, estaban apostando por un cambio profundo, no querían seguir siendo consideradas menores de edad y por ello exigieron igualdad para elegir a las y los representantes. Hoy, 67 años después las batallas continúan, con otras narrativas y en otros espacios, pero el objetivo sigue siendo el mismo: llegar a la igualdad sustantiva, que se garantice la libertad y los derechos de las mujeres.
En el ámbito electoral ha habido avances muy importantes, por ejemplo, en lo local al menos desde 2015 se han aprobado acciones afirmativas para garantizar que las mujeres compitan en condiciones de igualdad, ello con acciones como los bloques de competitividad; con la exigencia de que las listas de representación proporcional inicien con mujeres, con la integración de congresos paritarios, entre otros.
A nivel federal el Instituto Nacional Electoral (INE) ha aprobado cuotas que deben ser paritarias para personas indígenas desde 2018, la cual se amplió para la elección de 2021; alternancia en las listas de representación proporcional; que las senadurías por representación proporcional sean encabezadas por mujeres, etc.
Una de las acciones más importantes del INE en este proceso electoral fue garantizar la paridad en la postulación de las 15 gubernaturas en juego, con lo que se rompería uno de los techos de cristal que ha prevalecido en la política; este techo queda al descubierto al analizar que, en toda nuestra historia, sólo siete mujeres han sido electas como gobernadoras y dos ejercieron el cargo de forma interina. Las brechas prevalecen, así como los obstáculos para que las mujeres puedan ocupar estos espacios importantes de poder y toma decisiones.
¿Por qué las instituciones electorales han decido ir en esa dirección? Porque no podemos hablar de una democracia si la mitad de la población no tienen las mismas oportunidades para representar intereses, impulsar agendas y hacer escuchar su voz, de eso se trata este sistema de gobierno, y por ello la exigencia cotidiana para su cumplimiento.
El pasado lunes, el Tribunal Electoral resolvió las impugnaciones relacionadas con el acuerdo del INE que mandataba el registro paritario en las gubernaturas y concluyó que el instituto había excedido sus facultades, que debió ejercer la facultad de atracción para tomar tal de terminación, por lo que decidieron revocar el acuerdo.
Sin embargo, cuatro de siete magistradas y magistrados definieron que se debía obligar a los partidos políticos a que, por lo menos, se postularan siete mujeres en las 15 gubernaturas en disputa y vincularon a las autoridades legislativas a que fuera un mandato de ley. Horas después, por un comunicado emitido por el propio Tribunal se informa que la decisión fue vincular a los partidos políticos a que “en la medida de lo posible, en atención a sus disposiciones internas… postulen el mayor número de mujeres posible”, algo que, si se revisa la versión estenográfica, no coincide con las votaciones en el pleno.
El tema es, por decir lo menos, escandaloso, uno de los principios rectores de las autoridades electorales es la certeza y lo único que sabe hoy la ciudadanía es que no conocemos cuál será la decisión del Tribunal. En la más grande elección en nuestro país debe haber autoridades electorales a la altura de los temas que se están discutiendo, a quienes les quede claro que la Paridad es en Todo, que es un principio constitucional que no admite pacto en contrario, y que no es algo temporal.
¿Qué nos queda ante tales escenarios? nos queda seguir exigiendo desde la academia, desde la sociedad, desde las columnas de opinión, desde nuestros espacios de incidencia, que se respeten y garanticen los derechos políticos y electorales de las mujeres. Hay que estar muy atentas y atentos de los retrocesos y de la simulación, porque el machismo se niega a desaparecer, se transforma y busca nuevas formas de manifestarse y a veces lo hace a través de formas veladas, como con comunicados institucionales que nos regresan 30 años, cuando se sugería a los partidos que postularan mujeres.
Las resistencias no son nuevas, las activistas y quienes hemos tenido la oportunidad de aportar desde las instituciones lo sabemos, por eso no podemos bajar la guardia, debemos subir el costo político a quienes deciden violentar los derechos de las mujeres, porque sólo así se pensará dos veces antes de hacerlo. Este es por ejemplo el objetivo del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política, que nació por un caso en Oaxaca y gracias al cual tenemos la posibilidad de contar con datos sobre quién, cómo y dónde se ejerce la violencia política.
Tenemos dos reformas muy importantes que no hubieran sido posibles sin la formación de bancadas feministas: la de paridad en todo aprobada en 2019 y la que finalmente sanciona la violencia política en razón de género de 2020, estas reformas no deben ser letra muerta, las instituciones del Estado mexicano tienen la obligación de garantizar derechos, la igualdad formal debe transitar a la igualdad sustantiva.
Para la elección de 2021 seguiremos dando batallas, las daremos unidas sin importar las diferencias ideológicas o políticas, aportaremos en los amicus curiae, capacitaremos mujeres políticas, crearemos los chats necesarios para trabajar de manera coordinada y estratégica, saldremos a las redes sociales, porque, así como el patriarcado se transforma, nosotras como colectivo aprendemos y nos fortalecemos. Ojalá nuestras batallas fueran otras, hoy con el escenario actual, tenemos que estar unidas, exigir transparencia y respeto a la ley.
Catedrática de la UNAM. Presidenta de “12624 Consultoras”.
@MC_alanis
