El 10 de enero del año en curso, prácticamente sin publicitar el encuentro, el Rector de la UNAM, Enrique Graue, y el Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, suscribieron un convenio para estrechar su relación y establecer la cátedra UNAM-OCDE, en la que expertos en determinados temas realicen estudios y análisis multidisciplinarios, según el boletín de la Universidad.
Llama la atención que la UNAM acuda al rescate de ese organismo internacional para remontar su crisis de credibilidad ante la sociedad mexicana, por el fracaso de sus recomendaciones de política educativa en el sexenio anterior con la “mal llamada reforma educativa de EPN”, que tuvo un alto costo en la inestabilidad del sector y propició que, durante seis años, prácticamente hubiera una parálisis en el mismo.
Sorprende la posición de la Rectoría, pues hasta el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, fue cauto ante el intento del Secretario General de la OCDE de venderle sus propuestas de reforma de la Educación Superior, cuando presentó los resultados de los estudios “El Futuro de la Educación Superior en México: Promoviendo Calidad y Equidad” y “La Educación Superior en México: Resultados y Relevancia para el Mercado Laboral”, acudiendo presuroso recién iniciado el nuevo gobierno.
Como hemos dicho en una colaboración anterior, la OCDE funciona como una empresa trasnacional que vende servicios (estudios) y hace recomendaciones que los gobiernos transforman en políticas públicas. El propósito esencial de la OCDE es hacer que el capitalismo funcione a nivel mundial. Es una organización formada por las economías más grandes del capitalismo occidental. México se hizo miembro después de la creación del TLCAN.
Durante los últimos 25 años, la educación se ha vuelto un aspecto cada vez más relevante en el trabajo de la OCDE. Se le ha identificado como un elemento clave en el desarrollo económico; y el énfasis lo ha colocado en el “capital humano” como un insumo para la economía capitalista. Esto explica el por qué en sus recomendaciones para la educación superior mexicana se ha centrado en vincular a las universidades a las necesidades de formación de las empresas para asegurar mano de obra calificada, asegurando la “calidad educativa” a través de la certificación internacional de las profesiones, imponiendo estándares diseñados por la OCDE y propone una nueva gobernanza, en donde participen los empresarios a través de la “Sociedad Civil”.
Un peligro real es que en la nueva Ley de Educación superior se plasmen estas propuestas. El proceso de aprobación de la Ley ya está en curso. Desde el Congreso de la Unión, las autoridades universitarias y las del gobierno federal, hay voces que anuncian que en el primer trimestre de 2020 podría ser aprobada. Como siempre, las comunidades académicas de las instituciones de educación superior hasta ahora, hemos sido excluidas. Es urgente que los legisladores corrijan esta falta y se convoque a un congreso nacional, abierto a los universitarios.
Si no queremos enfrentar un nuevo conflicto social en el sector educativo, es indispensable recuperar la vida colegiada en las universidades e instituciones de Educación Superior, la participación de los investigadores , profesores, sindicatos académicos, estudiantes, es indispensable para mantener el carácter público y la autonomía de nuestras Universidades, y para avanzar en hacer realidad el mandato Constitucional del derecho a educación universal y gratuita desde el nivel inicial hasta el superior.
Profesora de la Facultad de Economía e Integrante del Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social, CACEPS. caceps@gmail.com
