Para Antonio Vital, In memoriam
Gran expectativa existió sobre las anunciadas iniciativas de reformas constitucionales que presentó el presidente AMLO el 5 de febrero. Marcarán la agenda política del periodo electoral y mucho del accionar del próximo gobierno.
Como todo lo que ha realizado el gobierno actual, su contenido tiene claroscuros.
Tres atañen directamente a derechos laborales, de los trabajadores formales e informales, y a sectores de trabajadores al servicio del Estado. Nos referimos a las número 10, 11 y 12, la primera se refiere a no permitir que los aumentos a salario mínimo sean menores a la inflación, la segunda garantizar a los trabajadores docentes de tiempo completo de educación básica, a policías, enfermeros y médicos, un salario mínimo equivalente al salario promedio de los trabajadores que cotizan al IMSS, la tercera a las pensiones.
A reserva de realizar un análisis a fondo de las iniciativas apuntaremos algunos elementos:
1.- Es un avance que se garantice constitucionalmente que los incrementos a salarios mínimos generales y profesionales no pueden estar por debajo de la inflación, sin embargo, n o hay una acción previa que estableciera un aumento general de salarios para recuperar gran parte de las pérdidas y después iniciar la recuperación paulatina.
2.- Sobre los salarios de maestras y maestros, remite a los de educación básica de tiempo completo, con lo que excluye a todos los de educación media superior y superior, que son pagados por hora clase, y son los más precarizados, hablamos de 838 mil 716 docentes, de acuerdo a cifras de la SEP, para el ciclo 2022-23.
Son los profesores y profesoras de Conalep, de Colegios de Bachilleres, los de asignatura de la UNAM, quienes en los últimos dos años se han manifestado con paros y protestas diversas.
Deja fuera también a todos los trabajadores que realizan tareas docentes pero que no son reconocidos como tales todos los que laboran en las Universidades del Bienestar, y los “educadores comunitarios” del Conafe.
3.- En pensiones, es muy importante la declaración de revertir reformas de 1997 y 2007, pero deja intocado todo el dispositivo de la seguridad social manejado por el sector financiero. Asegurándoles la permanencia de enormes ganancias, por los bonos de deuda que han adquirido con los fondos de pensiones de los trabajadores. Además, es insuficiente establecer como “fondo semilla”, 64 mil 619 millones de pesos cuando el monto calculado por la Secretaría de Hacienda del gasto gubernamental en pensiones en 2023, se ubica en un billón 302 mil 736 pesos, que representa el 16% del PIB.
Para obtener los recursos necesarios, dos posibilidades: 1) suspender la erogación de la deuda de Fobaproa y 2) gravar a los milmillonarios del país. Por ejemplo, en su reporte de enero de 2023, Oxfam (“La Ley del más rico”), señala que, si se aplicara un tipo impositivo del 5% a la riqueza neta de Carlos Slim, se obtendrían 4.1 mil millones de dólares.
Es indispensable la restauración del régimen público, solidario y redistributivo de la seguridad social respetando la pensión dinámica. Nacionalización de los fondos de pensiones y la creación del Banco Público de la Seguridad Social. Tareas pendientes de justicia social.
