En España se castiga el abuso de autoridad; en México se premia. Es así como la falta de democracia se acredita todos los días en nuestro país, con los actos del propio gobierno. Desde el poder se amenaza, se descalifica, se infiltran manifestaciones, se detiene a jóvenes y, de manera reiterada, se exponen datos personales de ciudadanos. Se trata de un patrón de intimidación desde el Estado.
Quiero referirme a dos casos que permiten trazar un paralelismo claro y que exhiben la actitud autoritaria de nuestro gobierno. El primero ocurrió en España; el segundo, aquí en México.
Caso 1. El fiscal general de España filtró datos personales y tributarios del novio de una adversaria política. La víctima presentó una denuncia y el caso llegó al Tribunal Supremo, que condenó al fiscal en cuestión: dos años y medio de inhabilitación, multa de siete mil euros y diez mil euros de compensación al ciudadano afectado. La votación fue de cinco ministros contra dos. Se trató, en sentido estricto, de una violación deliberada a la protección de datos con fines políticos. Y la sanción recayó, como corresponde en una democracia, sobre la autoridad responsable.
Caso 2. En México, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde —exdiputada, exsecretaria de Gobernación y hoy dirigente del partido en el poder— emprendió ataques públicos contra varios jóvenes opositores, pero particularmente contra Edson Andrade. Molesta por la participación de aquél en la llamada “Marcha de la Generación Z”, decidió publicar en sus redes sociales un contrato que se habría celebrado entre Andrade y el Partido Acción Nacional. Lo acusó de haber convocado la marcha por instrucciones de su “cliente”, una afirmación absurda y sin sustento. Lo grave es que difundió un contrato resguardado por el Instituto Nacional Electoral y, al hacerlo, reveló datos personales que nunca debieron hacerse públicos. Esa exposición generó amenazas contra el joven, quien finalmente decidió salir del país para resguardar su seguridad. En México, la autoridad no protege a la víctima: la exhibe.
En ambos casos, se utilizó información reservada por una institución del Estado para obtener ventaja política: en España, para dañar a una adversaria; en México, para desacreditar una marcha opositora. La comparación evidencia una diferencia esencial. En España, la publicación indebida de datos personales derivó en la inhabilitación del fiscal general, multas y reparación del daño. En México, la dirigente del partido gobernante divulgó un contrato con información confidencial… y el único que sufrió consecuencias fue el ciudadano expuesto.
Y el caso de Edson Andrade no es aislado. Es sólo el más reciente de una larga lista: Carlos Loret de Mola, Víctor Trujillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, María Amparo Casar, Lilly Téllez, colaboradores de Latinus, legisladores opositores acusados de “traición a la patria” por votar distinto a las propuestas del presidente, además de cerca de 300 periodistas acreditados a la conferencia presidencial. Estamos ante múltiples episodios en los que el gobierno difunde datos tributarios, financieros o personales de quienes considera adversarios. El mensaje es claro: se restringen libertades y se utiliza al Estado como herramienta de intimidación.
Mientras en España se sanciona para proteger al ciudadano, en México se expone al ciudadano para proteger al poder. La autoridad publica información indebida sobre quien le incomoda y la víctima es quien paga el costo.
El paralelismo es así inevitable: allá hubo condena institucional; aquí, silencio oficial y consecuencias para quien se atrevió a ejercer su libertad. En una democracia, el gobierno le teme a la sociedad; en un régimen autoritario, la sociedad le teme al gobierno. Allí donde hay instituciones independientes, hay límites. Cuando no los hay, el poder se siente dueño de los ciudadanos.
Diputada federal. @Mzavalagc