Este gobierno es populista, por lo tanto, no le gusta que la ciudadanía se organice para participar en la vida pública y generar desarrollo y bienestar; prefiere llenar de obstáculos a la ciudadanía organizada. Un ejemplo claro es la modificación propuesta al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que afecta directamente a las organizaciones sociales, al reducir la posibilidad de recibir donativos que puedan hacerse deducibles de impuestos.
De acuerdo con el Cemefi (Centro Mexicano para la Filantropía) y los datos del SAT (Servicios de Administración Tributaria), 9,675 organizaciones que son donatarias se verán afectadas por este obstáculo ideado desde el poder para obtener más dinero y, en el fondo, para anular a las organizaciones ciudadanas.
Estas organizaciones construyen todos los días el bien común, son un canal del ejercicio de solidaridad en la que la ciudadanía tiene el deber de participar y cumplen con el principio de subsidiaridad, ya que el beneficio que obtienen se distribuye en lugares a los que el propio Estado no puede llegar y, en consecuencia, ayuda a que el Estado mismo cumpla con el fin de lograr mayor equidad en la distribución del progreso. Estas organizaciones generan empleos y se constituyen como la base por la que pasan millones de voluntarios que se comprometen solidariamente con nuestro país. En lugar de fortalecerlas, el gobierno mexicano ha decidido debilitarlas al proponer removerles la posibilidad de sean deducibles los donativos que reciban.
Las organizaciones sociales que son materia para deducciones personales son precisamente las que apoyan el combate a la pobreza, los derechos de la niñez, los de las mujeres, las dedicadas a la cultura, al medio ambiente y a la educación. Y con este artículo el gobierno cancela la solidaridad y empobrece más a los que más necesitan de ayuda.
La reforma en cuestión hace evidente, en el propio dictamen, su afán recaudatorio al decir que “con la finalidad de otorgar mayor progresividad al impuesto sobre la renta esta Comisión considera acertado que estas deducciones se encuentren dentro del límite global de las deducciones personales.”
Pero el párrafo que no tiene desperdicio es el que expresa un resentimiento inútil hacia quienes contribuyen al bien común y señala tranquilamente que, como quienes hacen efectivas estas deducciones son ricos, no deben gozar del beneficio de la deducción. Se parte de nuevo de un postulado ético equivocado que supone que quien tiene dinero no puede tener intenciones virtuosas; incluso cuando dona recursos para ayudar a quienes no lo tienen.
En efecto, se trata de un argumento penoso expresado en la página 223:
“por lo que el beneficio de la deducción por donativos se concentra en un reducido sector de la sociedad con el mayor índice de ingresos”. Conclusión equivocada porque, aun cuando sería normal que así fuese, no son los más ricos quienes generalmente donan a dichas organizaciones y porque, peor aún, se castiga la voluntad filantrópica al darle una connotación negativa a la “alta” capacidad de ingreso.
Es decir, porque son los ricos —que no siempre lo son— quienes deducen sus aportaciones, entonces debemos cancelar las deducciones, sin importar que esto debilite a las organizaciones y empobrezca más a los más necesitados.
Hoy, los empobrecidos de este gobierno, son 3.8 millones de mexicanos que han sido relegados a pobreza extrema, y no habrá quien las asista porque el gobierno está más preocupado con sus megaproyectos, que están muy lejos de la necesidad de las personas. No sólo es el gobierno quien menos recursos ha dado a las organizaciones. Ahora, con esta reforma, las debilita aún más.
Pobre país con este gobierno, pobre gobierno que ha sembrado tanto odio y ha hecho tanto mal.
Diputada federal
