Con el voto en contra de la oposición, el pasado jueves 10 de marzo, Morena y acompañantes aprobaron en la Cámara de Diputados un decreto inconstitucional. Se trata de un albazo, no avisaron en ningún momento, presentaron su iniciativa saltándose todos los procedimientos y al final aprobaron solitos un “Decreto por el que se interpreta el Alcance del Concepto de Propaganda Gubernamental, contenido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley Federal de Revocación de Mandato”.
El novedoso “alcance del concepto de propaganda” de dicho decreto permitirá a todos los funcionarios participar en el proceso de revocación de mandato y también en todos y cada uno de los procesos electorales, lo cual está prohibido por la Ley. Se trata de una disposición que otorga al gobierno actual una clara ventaja de la que no gozaron los gobiernos anteriores. En efecto, la limitación al concepto de propaganda fue algo que pidió el propio López Obrador cuando era oposición, en aras de lo que él suponía era un trato parejo en las campañas. Ahora el “trato parejo” tiene una significación distinta y, como viene escrito en el libreto del dictador, éste tiene que anular las normas que le sirvieron para llegar al poder a fin de que nadie más se beneficie de ellas.
Esta prohibición está directamente vinculada a los principios de libertad y equidad. Protege, en primer lugar, la libertad de los ciudadanos. La mayor parte de los beneficiarios de programas sociales verán coartada su libertad porque la persona que le entrega el dinero del programa será la misma que en otro momento le entregará el volante para que vote a favor del partido oficial morena o para que mantenga la no revocación. El beneficiario se sentirá y se sabrá intimidado a la hora de votar. Esto también hace inequitativa la contienda.
Además, a miles de servidores públicos que NO le van a Morena y que no están de acuerdo con el gobierno los van a poner a trabajar y a repartir volantes y a sacar credenciales del INE y datos; no tendrán ley que les sirva de pretexto; será sencillo: no reparten propaganda, no dan datos, se les correrá. Coarta también la libertad de los empleados públicos.
El decreto con esta nueva interpretación viola la Constitución. Es más, en el ámbito puramente formal la violación se vuelve evidente sólo por el hecho de que, mediante un decreto de mera “interpretación” generaron restricciones en derechos y obligaciones ya establecidos en la Ley y, en consecuencia, hicieron una “reforma” y no una mera “interpretación” de dicha ley.
Viola claramente el artículo 105 constitucional que dice que, en materia electoral, iniciado el proceso no puede haber ya modificaciones. Violaron también el proceso legislativo (art. 72 Const.) pues se saltaron todos los pasos para su discusión. En su defensa argumentan, como dijo el propio Diputado Robledo: ¡pero si no estamos modificando una sola ley, sólo estamos interpretando! Se trata claramente de un acto formal y materialmente legislativo, pero suponiendo sin conceder que eso fuera cierto, entonces, siguen violando el artículo 35 fracción IX que se refiere al proceso de revocación y que establece que el Instituto Nacional Electoral es el que interpreta la Ley y no los diputados de Morena o de cualquier otro partido, a través de ningún decreto.
Falta que dicho decreto interpretativo lo apruebe el Senado, pero eso no cambia el hecho de que es inconstitucional por el lado por el que se mire. La falta de límites de quienes integran Morena les ha dejado en el penoso papel de festejar las imposiciones de manera cínica y hasta poco digna.
A los miembros de Morena no les importó, siguen el ejemplo de quien los manda. A los ciudadanos sí nos debe importar. Esto nos debe servir como advertencia de que las próximas elecciones locales y las del 2024 no serán un día de campo, sino que requerirán todo nuestro esfuerzo, toda nuestra estrategia y todo nuestro amor a la Patria.
Diputada federal
