Un gobierno está obligado a medir las consecuencias de sus actos. Y el pueblo y sus integrantes —independientemente de por quién haya emitido su voto— tiene no sólo el derecho sino el deber de exigir que se asuma la responsabilidad.
Ésta no ha sido el fuerte del gobierno actual. Hemos asistido a la falta del más elemental sentido de la responsabilidad que debe tener cualquier mujer u hombre político. Basta con revisar los actos de la semana pasada. Aquí les dejo unos ejemplos:
1. El secretario de Turismo —ya se nos había olvidado— lanzaba, frente al micrófono, un programa cuyos alcances nunca había analizado. Y ahora, lleno de la creatividad que da el dinero que no es propio, decidió prometer que el proyecto piloto de Turismo Social será para que “los mexicanos de escasos recursos y de grupos vulnerables viajen de manera gratuita por todo el país.” ¿Sabrá el secretario que en nuestro hermoso país hay más de siete millones de personas con discapacidad? Supongo que el secretario considera a los indígenas como un grupo en condiciones de vulnerabilidad… ¿Sabrá que hay al menos 68 pueblos indígenas? ¿Alguien le dijo que hay más de once millones de indígenas? No lo va a cumplir. Miente y lo sabe. Le echará la culpa a otros.
2. A la secretaria de Gobernación le escuché decir que la ley de Bonilla era inconstitucional. Y no lo dijo en cualquier parte, lo dijo en la Cámara de Senadores, donde literalmente “la contemplaban” los senadores de distintos partidos. Ante un buen discurso de Beatriz Paredes que advertía el desplante autoritario del gobernador Bonilla, la secretaria dijo claramente que iba en contra de nuestra Constitución. ¿Para qué va a la toma de posesión de quien dijo estar en contra del acto inconstitucional?, ¿a qué fue?, ¿para qué quiso quedar bien con el gobernador entrante?, ¿a quién le mintió?, ¿a nadie le cupo la prudencia? Pero en lugar de asumir el error, le echó la culpa a las redes sociales.
3. En cuanto al presidente, ¡vaya semana! La pasada escribí sobre el “Culiacanazo” en el que todo estuvo mal. Por ser 17 de octubre, señalé solas 17 cosas que habían estado fatal. Pero ¡todavía faltaba!
Asistimos a un acto verdaderamente irresponsable: ordenar al general secretario a que diera el nombre del encargado del operativo de Culiacán. Y vimos allí al general acatando una orden, nombrándole a sabiendas de que estaba exponiendo la seguridad de un miembro del Ejército. Y nadie ha dicho nada. Es más, pedir que se explique todo el operativo es también una irresponsabilidad. Es decir, en un operativo, el crimen organizado ya sabe cuántos son los que conforman el grupo enemigo, cómo se mueven, dónde están sus fortalezas y sus debilidades. Una cosa es ser transparente y otra es rendir esta información al crimen organizado.
Por si fuera poco, el gobierno se peleó con los periodistas. En una amenaza clara a la libertad de expresión, el gobierno federal se enfrenta constantemente a la prensa, les reclama, se mofa de los reporteros, les quitan sus credenciales. Por supuesto aquí, como en tantos otros casos, no se asumió ninguna responsabilidad, la culpa la tuvieron los periodistas y los medios para los que trabajan.
4. Finalmente, el anuncio de un golpe de Estado no es idea original de este gobierno. Lo dijeron en su momento Chávez, Correa y Evo Morales para legitimar su represión. Esa expresión tiene consecuencias sociales, porque no fue chisme sino declaración del presidente. Parece una advertencia de intervención autoritaria y, por eso, se hace la víctima. Pero también tiene consecuencias económicas. Imagínese que está pensando en invertir en un lugar y el jefe casi dueño de ese lugar declara que lo quieren quitar pero que no se va a dejar, la consecuencia es que usted obviamente no invertirá ahí. La declaración es irresponsable.
Sin libertad no hay democracia, ni respeto; sin responsabilidad no hay perdón, ni diálogo, ni rendición de cuentas. Sin esos valores, lo que asoma es el autoritarismo.
Abogada
