El caso de Zinc Nacional ha vuelto a los titulares. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció la clausura total temporal de esta empresa tras los resultados de una verificación conjunta de la PROFEPA y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), que reveló emisiones de plomo 2230% por encima del límite permitido, así como niveles de cadmio y partículas PM2.5 que superan 1260% y 120%, respectivamente, los valores establecidos por la normatividad mexicana.
El tema no es nuevo. Una investigación conjunta de The Guardian y Quinto Elemento Lab evidenció una grave contaminación por plomo, arsénico, cadmio y otros metales pesados en las colonias cercanas a la planta. Al leer dicho reportaje, me alarmó el posible impacto sanitario, no solo en los trabajadores, sino también en sus familias y en toda la población aledaña.
El plomo, como se sabe, afecta gravemente el neurodesarrollo infantil y puede causar hipertensión y daño renal en adultos. El cadmio puede provocar enfermedades renales, mientras que el arsénico ha sido relacionado con distintos tipos de cáncer.
Por ello, la exposición a estos contaminantes no puede tratarse únicamente como un tema ambiental. Es, ante todo, un asunto de salud pública. Las autoridades sanitarias debieron actuar desde el inicio aplicando pruebas de exposición y realizando revisiones médicas. Lamentablemente, eso no ocurrió.
Persiste entre algunos funcionarios la errónea idea de que los temas ambientales están desvinculados de la salud. Un ejemplo claro: cuando los vecinos exigieron estudios médicos, el entonces secretario general de Gobierno, Javier Navarro, señaló que antes de tomar muestras de sangre a la población, la Secretaría de Medio Ambiente debía confirmar si existía un riesgo.
Afortunadamente, hay excepciones. La diputada Dra. María Guadalupe Rodríguez, coordinadora del PT en el Congreso local, solicitó formalmente a la Secretaría de Salud que se realizaran pruebas médicas gratuitas para detectar intoxicación por plomo, arsénico y cadmio en las zonas afectadas, con prioridad para niñas, niños, embarazadas y adultos mayores. Aunque esta solicitud no se atendió, recientemente, en la Junta Anual de los CENDI (centros que ella dirige), anunció que están aplicando el programa ACES (Experiencias Adversas en la Infancia), junto con una investigación sobre plomo en sangre en niñas y niños.
Esta acción representa un avance importante, pues el plomo es uno de los contaminantes más críticos en México: afecta a dos tercios de la población, con especial impacto en mujeres embarazadas y niños menores de cinco años. Se ha vinculado a complicaciones como preeclampsia, parto prematuro, y una pérdida de hasta cinco puntos en el coeficiente intelectual, además de trastornos de conducta y aprendizaje. Estas afectaciones no solo perjudican la calidad de vida de las familias, sino que generan una enorme carga social y económica para nuestro país, con costos derivados estimados en 33 mil millones de dólares anuales.
Según datos de la ENSANUT, al menos 38,257 niñas y niños en Nuevo León (9.9%) presentan niveles de plomo por encima del umbral oficial (≥5 µg/dL). Si se adopta el valor de referencia de los CDC (≥3.5 µg/dL), esta cifra podría duplicarse, alcanzando casi 76,000 infantes, lo que representa una amenaza invisible y subestimada para su desarrollo.
De hecho, informes recientes revelan que hasta el 42% de los niños menores de cinco años en el estado podrían presentar algún tipo de retraso en su desarrollo. Aunque factores estructurales y el impacto postpandemia pueden influir, la exposición al plomo debe investigarse como causa contribuyente.
Urge una estrategia integral de monitoreo y prevención. Algunas acciones clave son:
- Pruebas obligatorias de plomo en sangre para quienes viven o trabajan cerca de Zinc Nacional.
- Limpieza constante de calles y áreas recreativas para reducir el polvo contaminado.
- Entrega de cubrebocas a trabajadores de limpieza y personas expuestas.
- Pavimentación de calles de tierra, que facilitan la acumulación de metales pesados.
- Reducción del polvo en hogares, especialmente en zonas donde conviven niños pequeños.
- Lavado de manos frecuente, antes de preparar o consumir alimentos.
- Uso de purificadores de aire en escuelas, oficinas, hospitales y hogares.
- Evaluación de la infraestructura industrial para prevenir la filtración de tóxicos que puedan contaminar el subsuelo y los cuerpos de agua subterráneos, así como el manejo inadecuado de materiales peligrosos a cielo abierto.
Además del monitoreo en el área circundante, es fundamental que el Gobierno del Estado impulse una estrategia estatal de detección de plomo en sangre, especialmente en embarazadas y menores de cinco años. Esta propuesta responde al Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.2.1, que llama a garantizar el desarrollo pleno de la niñez y se alinea con los compromisos del gobierno federal y del Estado de Nuevo León en materia de equidad, salud pública y bienestar infantil.
Celebramos el anuncio del gobernador Samuel García sobre nuevas inspecciones a industrias. Pero no basta con detectar; es necesario actualizar y aplicar con rigor las normas ambientales, muchas de las cuales, como él mismo reconoce, son obsoletas y permisivas.
La iniciativa impulsada por la diputada María Guadalupe Rodríguez —al realizar pruebas de plomo en sangre en niñas y niños de los CENDI— representa un ejemplo concreto de liderazgo en salud pública. Sería altamente deseable que este modelo se replicara en otras regiones del país, donde la magnitud del problema es igualmente alarmante.
Por ejemplo, en Puebla, se estima que cerca del 45% de las niñas y niños menores de cuatro años tienen niveles de plomo en sangre iguales o superiores a 5 µg/dL, el umbral establecido por la norma mexicana. En el Estado de México y en la Ciudad de México, esa cifra ronda el 30%, pero si adoptamos el punto de referencia de los CDC de Estados Unidos (3.5 µg/dL), los porcentajes podrían duplicarse, lo que indica que hasta seis de cada diez niños estarían en riesgo en el centro del país y casi 9 de 10 en Puebla.
Ante este panorama, la acción temprana es no solo necesaria, sino urgente. Reproducir este tipo de esfuerzos en estados con alta carga de intoxicación por plomo podría marcar una diferencia trascendental para la salud de miles de niñas y niños.
La salud infantil y materna debe estar en el centro de nuestras decisiones públicas. La exposición al plomo es prevenible, y su detección temprana puede evitar consecuencias irreversibles. Lo que hoy ha comenzado en Nuevo León podría —y debería— ser el inicio de una transformación nacional en la forma en que protegemos a nuestra infancia del daño ambiental. El momento de actuar es ahora.
Postdoctor en Salud Ambiental por la Universidad de Harvard
Consultor en Epidemiología Ambiental y Salud Pública de Mejora MX.
