Estados Unidos formalizó hace unos días un acuerdo que modifica sustancialmente las reglas del juego en el hemisferio. En la cumbre de Miami donde se exhibió una nueva alianza interamericana alineada al mensaje de Washington hacia las organizaciones terroristas y sus actividades regionales ilícitas.
La alianza militar con 17 países para enfrentar sin limitaciones, por encima de tratados internacionales y nulificando cualquier organismo multilateral, enmarca el rediseño de la geopolítica hemisférica y se sintoniza con la ruta trazada en el documento NSS 2025.
La guerra contra los cárteles y sus aliados políticos dejó de estar en la esfera policial o jurídica y pasa de lleno al terreno militar estratégico con un claro impacto en la geopolítica de la región. El “Escudo de las Américas” fue presentado como un mecanismo más que permitirá el despliegue de efectivos militares de las naciones participantes para combatir al crimen trasnacional. En otras palabras, es una coalición militar que no significa la formación de un ejército permanente, sino una cooperación militar bajo acuerdos y coordinación.
Desde esta Cumbre en Florida se comparó a los cárteles de la droga con organizaciones como ISIS y Al Qaeda; “no existe una solución penal para el problema de los cárteles, estas organizaciones sólo pueden ser derrotadas con poder militar”(sic). Con esto se escala un peldaño más para preparar el escenario final de una securitización hemisférica.
El gobierno de Sheinbaum insiste en que no necesitan el apoyo de tropas estadunidenses para combatir a los cárteles fraseando la cacareada soberanía. El asunto de fondo y de leer entre líneas lo sucedido en Miami es que el “Escudo de las Américas” pretende crear un marco político que podría facilitar operaciones contra las organizaciones terroristas y con ello legitimar las acciones llevadas a cabo; una suerte de eslabón que fusiona la guerra contra el terrorismo con la guerra contra los cárteles.
Sheinbaum debe poner atención a ese detalle que hace toda la diferencia en los acuerdos entre ambos países en materia de seguridad. Una arquitectura diplomática, militar y política diseñada en Washington en paralelo a la narrativa sobre México siendo el “epicentro de la violencia”.
El gobierno mexicano aprieta el paso con detenciones conjuntas entre áreas de seguridad y agencias estadounidenses con “mecanismos de coordinación internacional”, de criminales de alto perfil para paliar la sed de la Casa Blanca reduciendo espacio al relato de la impunidad en el país.
Sin embargo, sin tocar los tentáculos políticos que mueven, toleran y protegen sólo se golpea el síntoma, pero no la estructura que permite la regeneración del problema.
Se capturan las cabezas estratégicas de las organizaciones narcoterroristas, pero siguen intactos los verdaderos actores en la esfera política. El anuncio de pagos a policías municipales, estatales y/o autoridades federales en la nómina criminal no es sorprendente, lo inédito es no atacar el asunto de raíz. En México hay una gobernanza criminal compitiendo con el Estado en funciones de autoridad y de regulación.
Esto alimenta la narrativa estadounidense y fortalece la creatividad de Trump en una complejísima realidad geopolítica. Y en un error estratégico de miras y nula visión se insiste desde la Presidencia en el plan B de reforma electoral que deja fuera los intereses criminales del financiamiento ilícito en las campañas.
El desenlace está bastante anunciado…