Un Estado donde los grupos del crimen organizado tienen poder político, económico o militar suficiente para influir o decidir en asuntos públicos es considerado como un narcoestado; sus características principales son las colusiones entre autoridades y criminales. La corrupción se vuelve una práctica sistemática dentro del gobierno.
Un narcoestado no es sólo un país donde se trafican drogas o se cometen una diversidad de ilícitos, sino uno donde el crimen organizado se convierte en parte del poder político y del sistema de gobierno.
En amplias regiones de México la frontera entre el Estado y el crimen está borrada y las leyes han dejado de servir al pueblo.
Hoy que en la mañanera se llenan la boca con la mentada soberanía, habría que puntualizar que el Estado deja de ser autónomo cuando se actúa bajo los intereses del crimen. Botones en el país hay de sobra, pero nuevamente ha aflorado la corrupción y el escándalo que se están volviendo norma y no excepción.
La tragedia ocurrida por las lluvias torrenciales en Veracruz que por supuesto pudo prevenirse en su magnitud si se hubiera aplicado un protocolo oportuno con la información que tenían las autoridades, exhibe nuevamente una autoridad omisa, deficiente, inútil y negligente.
La ayuda a damnificados repartida por la organización terrorista CJNG envía un mensaje muy peligroso y simbólicamente poderoso para la sociedad y las instituciones. El tipo de percepción que se construye normaliza su presencia y poder debilitando la idea de que el Estado es el único garante del bienestar común.
En el palacio no debieran confundirse, el apoyo no es un acto de altruismo sino una estrategia de control y manipulación social.
Esto abona al relato de que las instituciones han perdido legitimidad, autoridad y control y se continúa erosionando el respeto a la ley y al orden público. La tardía respuesta del gobierno de Rocío Nahle, rebasado ante la dimensión del desastre natural ha desnudado esa distintiva incompetencia, voracidad y fracasos de los gobiernos de Morena arropados de soberbia y altanería.
El simbolismo detrás de esa ayuda entregada y viralizada en redes sociales constata el desafío al Estado cuya imagen tiene ya siete años de vivir una crisis reputacional. El crimen organizado no sólo usa la violencia para controlar territorios sino también la comunicación para controlar percepciones; es una estrategia calculada con fines políticos, psicológicos y sociales. Esa visibilidad en el contexto de la tragedia veracruzana se convierte en un poderoso instrumento ya que se legitiman ante cientos de comunidades abandonadas durante los días más críticos de la devastación por los gobiernos federal, estatal y municipal.
Ese vacío y sensación de impunidad que se acumula en el ánimo subyacente del tan presumido pueblo bueno y sabio, está formando un caldo de cultivo y conflictos latentes que esperan un disparador.
Y la coyuntura en el país tiene muchos frentes abiertos y escasos cerebros estratégicos para diagnosticar y prevenir un evento visible que haga estallar tensiones invisibles. Y como las señales presidenciales apuntan a una nula rendición de cuentas y que viva la impunidad para los de casa, no deberán sorprenderse por la probable reacción en cadena.
Administrar una estructura corrompida sostenida por la violencia y sin castigo por sus actos, alimenta esa sostenida descomposición institucional.
Bienvenidos al segundo año de gobierno.
@GomezZalce