La reputación de un país es, entre muchas cosas, la percepción general que otras naciones, inversionistas, ciudadanos extranjeros y organismos internacionales tienen sobre él. Esta percepción entendida como la interpretación que las personas y/o actores tienen de una situación o hecho basada en sus experiencias, emociones o expectativas.
No siempre refleja de manera precisa lo que realmente ocurre ya que está influenciada por factores subjetivos, propaganda y desinformación. La percepción es subjetiva y puede ser manipulada, sin embargo, la realidad es objetiva y está basada en hechos comprobables.
México en los últimos seis años ha construido con tenacidad una percepción internacional de altos índices de corrupción y de ello deriva la innegable colusión con organizaciones criminales, la pax narca por favores electorales y el cogobierno con el crimen organizado.
El país hiede, crujen sus instituciones y regiones enteras están podridas.
Ejemplos brotan a diario y la administración de Sheinbaum combate el riesgo de la hidra criminal gracias a la presión del gobierno de los Estados Unidos. Ni más ni menos.
La reputación de la transformación es la síntesis de cómo se percibe la identidad morena y el comportamiento del país en el contexto global. Y es crucial porque influye directamente en el grado de confianza actuando como un indicador de ésta y el caos de la espiral de violencia incontrolable para el Estado mexicano, continúa introduciendo incertidumbre en las relaciones internacionales, el comercio y la inversión.
El resultado de la ingobernabilidad detonada por la implosión del cártel de Sinaloa es aún de pronóstico muy reservado con la entrega-huida del primer círculo familiar del delincuente Guzmán Loera a los Estados Unidos.
Las derivaciones del acuerdo alcanzado con autoridades estadunidenses van a sacudir por meses las raíces morenas de los vínculos político-criminales y Sheinbaum no tendrá muchas opciones frente a la determinación trumpista de confirmar el relato del narco estado mexicano.
Transitando en una ruta paralela, la reforma judicial está en la mira estadunidense y parece ser una condición sine qua non para la pronta revisión-renegociación del T-MEC.
El timing de ese anuncio para el segundo semestre no es casual sino causal del ilegítimo proceso electoral judicial que ha prendido las alertas sobre el fin que justificaría los medios de la esfera delincuencial.
Nadie debería confundirse o confiarse, la mesa está servida para el quid pro quo y el gobierno de Trump tiene áreas de oportunidad para apretar y presionar al gobierno mexicano.
El discurso desgastado de la soberanía quedó (mal) exhibido en un solo día con todas las implicaciones jurídicas, en primer lugar de la palabra “narco-terrorismo” usada por el Departamento de Justicia, y poco tiempo después la embajada de los Estados Unidos en México en un comunicado utilizó la palabra “certificación” —“vetted” que en inglés significa aprobado después de una revisión, es decir, verificado el perfil de los elementos— en alusión a un equipo de la FGR, Defensa y Marina para desmantelar tres laboratorios en una operación conjunta liderada por autoridades mexicanas con autoridades estadunidenses.
Las señales son muy claras de la preparación estratégica y la comunicación efectiva de la narrativa de Donald Trump para su agenda, su meta geopolítica y un ajuste de cuentas con el gobierno de México.
@GomezZalce