La desaparición forzada de personas es una de las más atroces violaciones a los derechos humanos debido a la brutalidad de sus conductas constitutivas y a la pluralidad de víctimas que involucra. Es innegable la grave crisis en esta materia que hace décadas atraviesa el país y la escalada de violencia en estos casi cuatro años de administración ha catapultado una cadena interminable de impunidad , excesos y atropellos que se pretenden ocultar detrás de la propaganda y los abrazos arropados por una falsa pacificación; masacres, ejecuciones y disputa territorial son el marco nacional de la cuatroté.
En este contexto de violencia e impunidad estructural, la promesa de López Obrador de llegar a la verdad (¿última?) de aquella noche en Iguala donde desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa parece ver un espejismo de luz al final del túnel de Estado.
Las recientes revelaciones en el Tercer Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) abre una Caja de Pandora justo en medio de un ambiente enrarecido y polarizado. El gobierno de López Obrador enfrenta demasiadas batallas en diversos frentes y la relación con el gobierno estadounidense continúa la ruta de tensión. El marcaje personal es evidente con un factor agravante, los Estados Unidos han enviado sustantivas señales de desconfianza hacia nuestras fuerzas armadas que bajo una instrucción presidencial están ocupando estratégicos espacios civiles.
Ahora bien, la revelación del video exhibido por el GIEI donde miembros de la Marina presuntamente manipulan evidencias en el basurero de Cocula para la construcción de la “verdad histórica” alrededor de la desaparición de los normalistas, sienta un hecho que coloca al gobierno de Peña Nieto en el centro del reflector.
Difícilmente el expresidente no estuvo al tanto de los acontecimientos dada la magnitud de la crisis y el entonces tiradero y desorden interno en el manejo de la misma. Hoy esta revelación golpea varias líneas de flotación con el citado video y según el mismo informe, con el seguimiento ordenado por la 35 Zona Militar de las actividades de los estudiantes previo al aniversario del 2 de octubre en la Ciudad de México.
Por un lado, está el evidente pacto no escrito entre López Obrador y Peña Nieto y por el otro la responsabilidad de nuestras fuerzas armadas —que reciben órdenes de su comandante supremo— en toda la crisis de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Especular que acciones llevadas a cabo por elementos de la Marina o de Sedena no fueron ordenadas y aprobadas por Los Pinos no suena creíble ni razonable. Mención aparte merecen las actuaciones del Cisen, PGR y la Policía Federal.
El jefe del Estado mexicano siempre está informado sobre lo que sucede en el país y en él inicia la cadena de mando para actuar frente a crisis como sucedió con la liberación del delincuente Ovidio Guzmán .
Otra duda razonable es si el aparato de inteligencia de Estados Unidos, siempre atento a lo que sucede con los cárteles en Guerrero, estado líder en producción de goma de opio, (ob)tuvo datos sobre lo acontecido.
El informe citado puntualiza aristas que se han ocultado y no habrá rutas de salida ante la presión de los familiares, internacional y mediática. López Obrador está obligado a develar lo sucedido y no alcanza su palabra para exoneraciones. La coyuntura para que haga implosión la burbuja del secreto de Estado es de alto riesgo cuando se analizan escenarios de lo que podría ser un juego de suma cero.
