La complicidad por omisión de los tres niveles de gobierno alrededor del campo de adiestramiento y exterminio en Jalisco dibuja claramente la debacle en la que se encuentra el Estado mexicano. No hay contexto legal, político y moral que arrope o justifique la negligencia y contubernio de las autoridades con el crimen organizado. Las instituciones están infiltradas por las organizaciones delincuenciales y fueron empoderadas como nunca durante los seis años del gobierno de López Obrador.
No hay pretexto o distractor que alcance para desviar la atención del horror mexicano.
El país le fue entregado a los cárteles a cambio ¿de favores electorales y políticos? El cogobierno en amplias regiones que ha enlutado a millones de familias tiene y mantiene la espada de Damocles trumpista sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum.
El Estado ha perdido el control sobre el monopolio de la fuerza en vastas regiones del país y en muchos casos, la omisión puede no ser voluntaria sino resultado de una estructura estatal debilitada o corrompida.
La realidad está a la vista del mundo entero.
México transita una ruta compleja, difícil y riesgosa. En términos de derecho internacional, la inacción del gobierno frente a violaciones graves de derechos humanos puede considerarse crímenes de lesa humanidad si estas son sistemáticas y generalizadas.
El horror no solo es una reacción individual sino también un reflejo de lo más oscuro de la sociedad. El hallazgo del crematorio clandestino, testigo de cientos de historias es una de las revelaciones más macabras y aterradoras de los niveles que ha alcanzado la violencia criminal.
El nivel de brutalidad y planificación de los cárteles que operan con total impunidad refleja también la ineficacia y complicidad del Estado mexicano.
¿Operar por años un campo de adiestramiento y exterminio sin el conocimiento de ninguna autoridad federal, estatal y municipal? ¿Es acaso creíble que se ignorara lo que sucedió por años cuando el predio en Jalisco ya había sido intervenido y asegurado por la Guardia Nacional en septiembre del 2024?
No sorprende entonces la preocupación y prisa por borrar cifras de los miles de desaparecidos en el sexenio pasado y lo que va de esta administración.
Sin embargo, la implosión del cártel sinaloense, los 29 delincuentes entregados por presión de los Estados Unidos y la labor de inteligencia bilateral que ha arrojado más de ¡14 mil criminales detenidos! Cientos de laboratorios destruidos y más de 125 toneladas de decomisos en unos cuantos meses, serán pilares de una reconfiguración del crimen organizado en la región y sobre todo en México. El pronóstico del resultado es reservado.
Surgirán liderazgos que pueden ser más agresivos y la imparable fragmentación del cártel en grupos más violentos será otro de los grandes desafíos en medio del torbellino arancelario y de incertidumbre por la irresponsable reforma judicial.
En muchos casos la ausencia de la cabeza criminal no desmantela las organizaciones sino sólo las transforma. Por ello es fundamental descabezar la hidra política que los arropa y protege a nivel federal, estatal y municipal.
El valor no significa la ausencia del miedo sino la capacidad de avanzar a pesar de él.
La ventana de oportunidad es invaluable.
La Presidenta tendrá que asumir el riesgo o aceptar ser cómplice en el epicentro de una vorágine cuyo control con el paso del tiempo, no tendrá.
@GomezZalce