Un asunto de Estado se refiere a una cuestión o problema que es considerado de gran importancia y relevancia para el gobierno y la nación en su conjunto. Estos asuntos son considerados de tal gravedad o significado que requieren la atención y la intervención directa del gobierno central o las autoridades gubernamentales de alto nivel.
Los asuntos de Estado suelen involucrar temas cruciales para la seguridad nacional, la economía, la política exterior, la estabilidad interna, la gobernabilidad y los valores fundamentales de un país.
La gestión de los asuntos de Estado puede requerir de la toma de decisiones difíciles, el compromiso de recursos significativos y la coordinación de esfuerzos en todos los niveles de gobierno y en algunos casos, incluso a nivel internacional.
Las recientes revelaciones del reportaje de Tim Golden, ganador de dos Premio Pulitzer, en ProPublica sobre la investigación de la DEA del presunto financiamiento del Cártel de Sinaloa a la campaña del 2016 de Andrés Manuel López Obrador con nombres de su entonces equipo cercano involucrado en recibir el dinero, no ha podido ser tapado con la furia de una mañanera ni el nado sincronizado de los propagandistas del régimen; lo innegable es el beneficio de esta política de los abrazos a esta organización criminal y botones sobran para ejemplificar la tolerancia y la coordinación con este cártel que en este sexenio ha expandido sus negocios ilícitos y su empoderamiento. De tal magnitud que hoy cogobierna en regiones enteras corrompiendo a autoridades de todos los niveles de gobierno.
La delincuencia organizada es ya un poder paralelo y ejerce sin pudor alguno el uso legítimo de la fuerza en amplios territorios del país siendo tolerado por un Estado sumiso y arrodillado que ha abandonado a su suerte a millones de ciudadanos.
En política nada es fortuito y en tiempos electorales, no hay coincidencias.
Las múltiples señales enviadas por la creciente preocupación de una política fallida en materia de migración y combate al fentanilo —entre otras— que amenaza la seguridad nacional, ha empujado al presidente Biden a radicalizar su postura acerca de la frontera con México, tema que estará en el epicentro del debate electoral entre republicanos y demócratas.
Sin embargo, el timing de las revelaciones de la investigación llevada a cabo por la DEA, una agencia que depende del Departamento de Justicia estadounidense —no del Departamento de Estado como erróneamente señaló López Obrador— es la primera ficha de un largo dominó de información sobre el presunto matrimonio entre funcionarios de la cuatroté y el crimen organizado.
La creciente preocupación sobre una narcoelección en regiones controladas por el Cártel de Sinaloa explicaría también la actual y cruenta disputa entre grupos criminales. Una duda razonable es: si Morena pierde esos territorios, ¿existe una amenaza creíble para una desestabilidad interna, para la seguridad nacional, que trastoca la estadunidense, y para la legitimidad de un gobierno?
El régimen y su rebaño moreno están enfocados en el árbol y pierden de vista el bosque inundado por la corrupción del círculo íntimo del presidente López Obrador, por el uso faccioso de la justicia en contra de sus intereses y adversarios y por la línea dictada para destruir contrapesos poniendo en riesgo la democracia.
No obstante, la amenaza creíble también es una espada de doble filo.
Una avenida de dos sentidos donde ambas direcciones pueden ser igualmente peligrosas y aún más, cuando internamente se derrumba el palacio de naipes.
