México vive una situación de emergencia en materia de seguridad pública. El fenómeno se ha disparado en estos cuatro años de transformación debido a una estrategia corta de miras y arropada bajo el sonsonete humanista de abrazar a las organizaciones criminales. Los resultados están a la vista; regiones enteras controladas por delincuentes, una escalada de violencia y lo más peligroso, un empoderamiento de organizaciones delictivas que vulneran el Estado de derecho, humillan a nuestras fuerzas armadas y desafían al gobierno federal, estatal y municipal.
En su absoluta ignorancia sobre la materia, el presidente López Obrador de un plumazo, sin matices, estrategia y sin filtros desapareció la Policía Federal argumentando —y peor aún, generalizando— que la corrupción de mandos en sus filas y la evidente fobia por el pasado eran suficientes para borrar de tajo el cuerpo civil policíaco y crear una Guardia Nacional híbrida, mezclando civiles y militares sin considerar la complejidad de la cadena de mando, doctrina y un largo etcétera.
La historia es de todos conocida. La votación en ese entonces, también. Y así atropellada como es la mentada transformación, el desorden institucional, administrativo y jurídico prevaleció alrededor de este adefesio militar-civil.
Y honor a quien honor merece, la realidad muestra nuevamente a la cuatroté que son insuperables en el desorden, la disputa y los intereses paralelos. La Guardia Nacional es el ente encargado de la seguridad pública y su mando se prometió sería civil. Cuatro años eran suficiente para ir incorporando y capacitando más elementos y cumplir con lo estipulado en el transitorio de 2019 de que los militares adscritos a sus filas regresarían en el 2024 a sus obligaciones y responsabilidades en Sedena.
Pero como esta tarea no se llevó a cabo porque en la borrachera del poder la agenda política-electoral fue más importante que la seguridad y que consolidar el modelo cacareado por López Obrador, el tiempo se les ha venido encima y llegó la hora de los arrepentimientos, faltaba más. Una justificación por demás pedestre.
No se necesita ser una lumbrera para dilucidar que, desde su creación, la cadena de mando de la Guardia Nacional de facto, es militar.
La estridencia de organizaciones civiles, expertos, partidos políticos, etc., debió comenzar en 2019 para presionar en todas las esferas legislativas, jurídicas, sociales y políticas para hacer de la Guardia Nacional un cuerpo civil bajo el mando civil que hoy dicta(ba) la Carta Magna.
Sin embargo, ahora la maroma es pasar del fondo a la forma pateando la Constitución entre los aplausos del rebaño moreno en medio del tianguis político enrarecido y polarizado.
Y el pronóstico y sus resultados cobrarán una enorme factura a la esfera verde olivo y al país. Las aristas del desaseo político, la imposición presidencial y la sumisión legislativa en este rubro se llevará al despeñadero en primer lugar, a nuestras fuerzas armadas. Y en el mediano plazo al titular del Ejecutivo 2024-2030.
No hay que engañarse; hoy no hay policía estatal-municipal que pueda hacerle frente al crimen organizado en zonas abandonadas a su suerte. Hoy no hay nadie que no sean los militares para hacer la labor que debería estar haciendo un cuerpo civil capacitado y con un marco legal claro.
Hoy es un cochinero el torbellino cuatroté dentro de la esfera de la seguridad y el “tiempo de Dios” le ha caído con todo su peso al presidente López Obrador que buscando una ruta de salida a su estrepitoso fracaso estira la cuerda civil-militar arrastrando al legislativo y quizá hasta la tremenda Corte.
Las implicaciones estratégicas de este modelo fallido tendrán un recorrido y una reorientación transversal tocando aristas en el ámbito internacional.
Al tiempo.
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