Los mayores problemas que enfrenta la humanidad alcanzan magnitudes globales; terrorismo en todas sus modalidades, cambio climático, narcotráfico y corrupción entre muchos otros. Sin embargo, esta última representa un riesgo geopolítico global ya que amenaza a gobiernos y países de todo el mundo. México vive actualmente una dinámica peligrosa y de alto riesgo para la gobernabilidad nacional y para los intereses de seguridad regional. Los niveles de corrupción que experimenta el país y la fallida política de abrazar a las organizaciones criminales han sido detonantes para acelerar otros fenómenos globales como el trasiego de droga y otros ilícitos.
Si bien la violencia de los cárteles mexicanos fue en aumento en las administraciones de Fox y de Calderón , lo que experimenta México no tiene precedente y los hechos derrumban los “otros datos”. El empoderamiento del crimen organizado es un hecho innegable, así como su abierta intervención en procesos electorales.
El Ejecutivo y su eficiente gabinete de seguridad están perfectamente enterados y documentados de la gravedad de la situación.
Es incuestionable el deterioro en estos tres años que el fracaso en materia de seguridad ha desencadenado en la relación bilateral y con la comunidad internacional. Minimizar o subestimar la escalada verbal alrededor del tema está colocando a López Obrador en una ruta donde surgirán más señalamientos y pruebas acerca de la colusión y omisión de áreas estratégicas responsables de la seguridad pública.
En términos de la relación bilateral el marco de referencia ha sido la neoliberal Iniciativa Mérida y hoy en lenguaje cuatroté, el Entendimiento Bicentenario en materia de inseguridad; el narcotráfico como un problema de seguridad nacional para ambos países. Mismo infierno diferente diablo.
Los recientes señalamientos de Cruz y Rubio, senadores republicanos estadounidenses, en la línea de tiempo de los expresados por Muñoz Ledo no deben ser desdeñados. Los intereses de los Estados Unidos —que irá a las urnas en noviembre— están bajo su lupa, siendo amenazados ante el permiso que en este país tienen los criminales cuya integridad debe ser protegida según el presidente.
Quizá ante el triunfo de Morena con candidatos del PRI en las pasadas elecciones no permite hacer prospectiva y un serio análisis de lo que ocurrirá en el mediano plazo alrededor de esa narrativa instaurada en esferas estratégicas acerca de que México se está convirtiendo en un narcoestado.
El pragmatismo geopolítico de actores está transitando más allá del soft power diplomático. La sobreabundancia de la información y los distractores mañaneros constituyen una amenaza al estatuto de la memoria y el consumo desenfrenado de la propaganda presidencial pretende en una arriesgada apuesta, favorecer al olvido.
En la burbuja del poder donde se libra la lucha por el 2024 se pierde de vista que la destrucción de la transformación en materia de seguridad pasará una aduana. Y la figura del Ejecutivo ya sin la banda presidencial irá al paredón de los señalamientos porque al interior de ese mal endémico llamado corrupción, surgirá la necesidad de completar historias pendientes, ajustando cuentas y agravios. Salta a la vista la trama bilateral que se está estructurando a partir de la acumulación de distintas voces ofreciendo múltiples versiones de un mismo hecho; el control de organizaciones criminales de regiones enteras del país donde reina la impunidad y el nulo Estado de derecho.
Y ya deberían saber en los pasillos del palacio que esas facturas se pagan tarde o temprano ya sea finalizando el sexenio o en la próxima administración sin importar los colores partidistas.
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