El pasado sábado 7 se realizó en Culiacán un conversatorio sobre el futuro de la seguridad en Sinaloa. Adrián López Ortiz, director del periódico Noroeste, nos dijo que esta es la tercera guerra que padecemos los sinaloenses derivado de fracturas al interior del Cártel de Sinaloa. La primera es con los Beltrán Leyva a raíz de la detención de El Mochomo y esta se realizó en 2008-2009; la segunda se da con la detención de Dámaso López, El licenciado, en mayo de 2017; pero la actual es la más grande de nuestra historia y quizá “la definitiva, no porque vaya a desaparecer el Cártel de Sinaloa, sino porque habrá desaparecido como lo hemos conocido hasta ahora. Hoy es una mafia fracturada que se está peleando territorios, mercados y narrativa. En estos territorios están incluidos los módulos de riego y la política. ¿Cuántos políticos llevamos atacados de todos los colores?”, concluyó el director del periódico.

Muchos ponentes pusimos el dedo en la llaga, la crisis violenta que vive Sinaloa se explica por el crimen organizado y la corrupción política. Es un problema estructural y no coyuntural. No es de delitos individuales si no de criminalidad organizada y su solución será de largo plazo.

Hemos sostenido la premisa de que el Estado mexicano tiene la fuerza y los medios para derrotar a la mafia. Pero para luchar de verdad contra los cárteles, no de manera simulada o esporádica, se demanda una voluntad permanente.

Hoy Sinaloa y México padecen una mafia arrogante, soberbia, que delata la ausencia o la complicidad del gobierno. “No hay mafia que perdure sin la complicidad política”, nos dice el juez italiano Giovanni Falcone. Debemos entender que no existe crimen organizado sin apoyo institucional, por lo que si queremos combatir a las mafias tenemos que combatir a los corruptos que les dan sustento institucional a los criminales.

Por eso decimos que es el tipo de Estado lo que genera un tipo de crimen organizado y no al revés. El crimen organizado y la corrupción organizada se han entendido a la perfección en Sinaloa, porque las dos son mafias, de ahí que no es fortuito que, de los últimos 5 gobernadores, 4 llegaron al poder abiertamente en alianza con el Cártel de Sinaloa, tales son los casos de Juan Millán, Jesús Aguilar, Malova y Rocha.

La dimensión política del crimen organizado tiene 2 objetivos: uno, evitar la represión del estado; otro, capturar el poder publico para extraerle recursos económicos. Todo lo anterior obliga a hablar del “pecado original” que es el apoyo financiero y de operación política que hace la mafia a los partidos y a los políticos. Por esto es que es inadmisible la propuesta de la reforma electoral que presentó la presidenta Sheinbaum que limita recursos a los partidos, pero quien detenta el acceso al financiamiento ilegal es el partido en el poder, dándole una ventaja ilegitima a Morena.

Todo orden es ante todo un control territorial. En el ejercicio del poder no hay espacios vacíos, si el Estado no lo ejerce, las mafias siempre tienen la necesidad de controlar el territorio. La pregunta es ¿quién manda en la calle? En Sinaloa mandan los mafiosos. Si queremos empezar a cambiar las cosas, la sociedad sinaloense y el gobierno en todos los niveles debemos dejar claro que Sinaloa no es “el patio de su casa” de los narcos. Para esto el gobierno debe quitarles a los criminales el aura de impunidad e imbatibilidad.

“El fracaso es de todos, la responsabilidad es del Estado”, sentencia Adrián López Ortiz.

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