En México históricamente ha existido la cultura del patrimonialismo en el ejercicio del poder y el abuso del poder.
El ejercicio patrimonial del poder es cuando nuestros gobernantes lo ejercen como si fueran dueños, se creen con derecho a usar el poder y los recursos públicos con total discrecionalidad y para beneficio propio. Es decir, el gobernante corrupto no distingue lo público de lo privado.
La costumbre de usar el cargo público para obtener ganancias privadas está muy arraigada. El PRI institucionalizó la corrupción, posteriormente el PAN, que combatiría la corrupción del PRI, se corrompió también.
Hoy Morena ha roto todos los límites en la discrecionalidad del ejercicio del poder y de la corrupción cínica y descarada. Este es el precio que estamos pagando por haber elegido personas de muy escasa calidad personal, profesional y moral. La calidad de las personas se conoce en el poder.
Pero existe otra costumbre que deriva de la anterior, es el abuso del poder. El poderoso en México cree que tiene derecho a abusar del poder contra quien quiera y por los motivos que sea. “Para eso tiene el poder” y debe ejercerlo para que todo mundo sepa que él lo detenta.
El pasado viernes 27 de junio en la mañanera vimos a la presidenta Sheinbaum y a la Procuradora Fiscal Federal, Grisel Galeano, arremeter desde la tribuna gubernamental contra un grupo empresarial y su principal accionista, acusándolos de evasores fiscales y de “vínculos corruptos” para no pagar impuestos.
La presidencia de la República y el SAT son de las instituciones más poderosas del país, por lo tanto son de las más propensas a cometer abusos contra los ciudadanos críticos y disidentes o incluso contra adversarios políticos.
El sexenio pasado fuimos testigos de cómo López Obrador difamaba a ciudadanos desde el pulpito presidencial tales como Claudio X. González, María Amparo Casar o Xóchilt Gálvez por mencionar algunos, pero también se ensañó contra periodistas críticos que denunciaron las corruptelas de su gobierno.
Hoy a escasos 9 meses de haber asumido el poder, Claudia Sheinbaum ni las formas cuidó para enseñar su talante autoritario y represor. Amenazó presumiendo que tendría el control de la nueva SCJN diciendo, “pero van a pagar los impuestos por que no creo que los ministros se vayan a atrever a hacer algo en contra del pueblo”.
No conforme con atentar contra la división de poderes, Sheinbaum decidió constituirse en la suprema juez del país y dijo que “una decisión favorable a este grupo seria la injustica llevada a la máxima expresión”.
La procuradora fiscal dice “que los contribuyentes todos tenemos garantizado la garantía de audiencia y de la defensa legal”, ¿entonces por qué satanizar a quien se defiende legalmente contra el abuso del poder?
La presidenta Sheinbaum y la procuradora Galeano saben que en muchísimas ocasiones el SAT abusa de sus atribuciones y determina adeudos arbitrarios por lo que el contribuyente contesta diciendo “yo tengo otros datos” y decide litigarlo confiado en que le asiste la razón. Igualmente, dilatar el pago de impuestos es muy costoso ya que cuesta los abogados, la actualización del monto, los recargos a tasas mayores al 50% de las del mercado, y finalmente si pierdes el juicio pagarás una multa. Además, para la defensa legal es necesario garantizar el interés fiscal.
Así pues no nos digan que el gobierno es víctima de “los empresarios abusones”, que si bien los empresarios no somos santos, tampoco el gobierno y el SAT lo son, y los poderosos y a veces abusones son ellos.
Ingeniero industrial y empresario