Hace años se denominó, a un conjunto enorme de jóvenes en México, como los “NiNis”. Con ese mote se hacía referencia a las muchachas y muchachos que ni estudian ni trabajan. Aún ahora, suele escucharse de vez en cuando.
Es una agregación del todo incorrecta, pues ubica, como responsables de la ausencia de escuela y trabajo, a quienes están en esa condición. Desafiliados del sistema educativo y fuera de un lugar en el espacio laboral.
El tono más común, cubierto por un pésimo sentido del humor, implica una redacción más cruda: ni quieren estudiar ni trabajar. ¿No quieren? ¿Están desocupados y sin acceso a las aulas por una decisión propia, derivada de su (falta de) voluntad y displicencia? No.
En ese entonces —cosas de ya ser parte de las fuerzas básicas de la tercera edad— propuse que la abreviatura correcta, en el contexto de un país en que la educación y el trabajo son un derecho, era otra: “SinSin”. Esto es, sin trabajo y sin escuela, lo cual ubica la responsabilidad de su condición de carencia en el Estado, que es quien tiene la obligación de proveer y procurarlos en serio.
Las palabras, las siglas dizque jocosas u ocurrentes, importan. El empleo del lenguaje no es trivial: marca y estigmatiza, o ubica y esclarece. Puede haber jóvenes que, teniendo la oportunidad de estudiar o trabajar, no lo hacen por decisión propia u otras razones, pero no hay asidero a la generalización inserta en los NiNis.
Desde el año pasado, se modificó la manera de distribuir la demanda por educación media superior en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, dejando atrás un examen único con base en el cual, a quienes obtenían más puntaje, se les daba prioridad en la selección de sus preferencias.
La Presidenta argumentó que, si el bachillerato era un derecho establecido en la Constitución, no podía estar condicionado a una prueba de confusión múltiple: bastaba con haber aprobado la secundaria, tramo previo y necesario para el ingreso al siguiente.
En vez de ello, se formó el Espacio de coordinación de educación media superior (ECOEMS), y se organizó otro modo de hacer las cosas: El sistema “Mi derecho, mi lugar”. Una gran cantidad de planteles, pertenecientes a sistemas federales o locales en este nivel, no solicitaban examen de ingreso. ¿Por qué tenían que hacerlo? La UNAM y el IPN decidieron continuar aplicando el examen, de tal manera que hay tres subconjuntos de aspirantes: 1. Quienes optan por instituciones sin examen, 2. Quienes deciden participar, nada más, por instituciones con examen, y 3. Quienes tienen preferencias ordenadas por planteles sin examen, pero a su vez quieren presentarse en la UNAM y/o el IPN.
El 97.4% de quienes participaron en el proceso obtuvo lugar en una de sus tres primeras opciones. ¿Cuál era la proporción que lograba lo mismo —una de las tres primeras— por medio del examen único? 50%. Incomparable.
En estos días, se ha abierto la convocatoria para el ingreso en 2026. Ojalá estos logros, y otros más, se conserven, pues abonan al ejercicio del derecho a estudiar. Y, sobre todo, que la asignación haya sido aceptada, y la propuesta de un solo bachillerato nacional, con modalidades que enfatizan lo preparatorio para la educación superior, o bien la capacitación técnica, haya sido llevado a cabo, dentro de las limitaciones que todo proceso de cambio conlleva, de una manera que conduzca a un avance. Para estos asuntos, sería bueno contar con información confiable, que no escatime dar a conocer logros, fallas o dificultades. Ojalá.
Profesor del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México