El 9 de septiembre de 2024 se desató el conflicto entre las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa. Esta guerra es por el control del negocio criminal del que eran socios sus padres y además lo es por el control territorial de Sinaloa, especialmente Culiacán, “su tierra”. Esta lucha violenta ha sembrado pánico entre la población, particularmente la del centro del estado. Y a casi 7 meses de haber iniciado este enfrentamiento, la economía sinaloense ha sufrido enormemente.
En Culiacán, la capital y foco de la disputa, los hoteleros señalan la baja ocupación: “Hemos registrado días de cero ocupaciones, eso no me había tocado verlo nunca”, menciona José M. de la Rivas, líder hotelero en Culiacán, al tiempo que informa que la ocupación en diciembre 2024 fue del 13% y en enero 2025 solo del 10%.
La gente tiene miedo de salir a la calle, la vida nocturna en Culiacán se murió. La Coparmex alza la voz por la crisis de violencia mientras algunos restauranteros piden ayuda estatal o federal. Otros reclaman la necesidad de una respuesta integral para abordar la violencia y sus repercusiones económicas.
La próxima cosecha estatal de maíz, que iniciará en mayo, será de solo 2 millones de toneladas cuando antes era de 6 millones. Con ésta, serán 3 temporadas de crisis acumuladas para los maiceros sinaloenses.
Si bien ahora se padece una severa sequía, en los últimos 3 ciclos los productores han sufrido una “sequía de recursos” por las depredadoras políticas de la 4T contra los graneros de Sinaloa, ya que los consideran ricos. El programa de precios de garantía ha sido un mito en el estado, la 4T abandonó a los productores a su suerte y lo que es peor, al neoliberal mercado internacional.
En la pesca ribereña de camarón, Conapesca prolongó la veda un mes, de septiembre a octubre, argumentando “cambio climático y sequía”, como si el horno estuviera para bollos. Además, las burocracias corruptas de la 4T permitieron la inundación de camarón importado de Ecuador, dándole en la madre al mercado nacional. Pareciera que la 4T se ha empeñado en golpear de manera deliberada a la economía legal sinaloense. El gobierno estatal y los municipales cuatro-teístas frenan toda inversión productiva vía el entorpecimiento y dilación de trámites.
En Mazatlán, durante estos más de 6 meses de violencia espeluznante, han caído el numero de turistas, la ocupación hotelera y las rentas vacacionales. También se han desplomado la venta de departamentos y casas. Aun cuando la economía del puerto sufre, en ninguna forma es comparable a lo que padece Culiacán.
Mientras la violencia en homicidios y el robo de vehículos se ha disparado a niveles sin precedentes especialmente en Culiacán, Navolato y Elota, el gobierno estatal y los ayuntamientos han negado y minimizado la realidad y esporádicamente envían un destello de lucidez con alguna idea o programa aislado para combatir la violencia o mitigar sus efectos económicos.
Omar Garfias, en su reciente artículo en el semanario Río Doce, nos dice: “El PIB per cápita ha estado por debajo del promedio nacional desde 1980, Sinaloa tiene 44 años produciendo menos que el promedio del país… 70% de la población sinaloense ha vivido toda su vida en esta etapa donde dejamos de ser grandes”; “estábamos mal y empeoramos”, concluye el exsecretario de desarrollo social estatal.
Sinaloa, especialmente Culiacán, debe ser declarado zona de desastre y diseñar un plan emergente y estratégico para rescatarlo. (Continuará)
Ingeniero industrial y empresario
