Tal y como lo mandata el artículo 65 de nuestra Carta Magna, el Congreso de la Unión deberá reunirse el 1º de septiembre de cada año para celebrar el primer periodo de sesiones ordinarias, tratándose de una fecha de gran relevancia para el acontecer parlamentario nacional al marcar el formal inicio del estudio, discusión y votación de las iniciativas y asuntos que se presenten ante los órganos legislativos.
De forma paralela, en los términos del artículo 69 constitucional en la apertura de sesiones ordinarias el Presidente de la República presentará ante el Congreso Mexicano el informe de gobierno, comenzando la glosa en la que se realiza el análisis político, jurídico, económico y social en torno al estado que guarda la administración pública del país.
Bajo esta tesitura, el arranque del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año legislativo posee una especial importancia al encontrarnos en medio de una coyuntura extraordinaria en la que las funciones de las cámaras legislativas no sólo son requeridas por su naturaleza formalmente legislativa, sino también por la necesidad de dar voz como órganos representativos de la nación y de las entidades federativas a las diversas demandas que no han sido escuchadas; además de la necesaria función de vigilar y controlar política y fiscalmente la conducción de la administración pública federal.
Los retos no son menores ni sencillos, al presentarse una serie de problemas de hondo calado en el terreno económico, sanitario, educativo y de seguridad originados en gran parte por la pandemia, pero también por las malas decisiones que se han tomado en los últimos 21 meses, con un gobierno federal perdido y desorientado, que prefiere centrar sus esfuerzos en difundir promesas ilusorias y programas demagógicos y asistencialistas que poco han beneficiado a la población.
Así, durante las últimas semanas hemos sido testigos de que la denominada “nueva normalidad” no ha terminado de erigirse como el mecanismo que avale la mejor transición que salvaguarde la salud y economía de las familias mexicanas; donde preocupa la ausencia de un adecuado medio que supervise y acompañe las acciones de la administración pública federal, que han dejado mucho que desear y deben ser vigiladas y acompañadas desde el Congreso.
Entre los temas que también urge sean atendidos por las Cámaras legislativas se encuentra la aprobación de los cambios que otorguen el sustento jurídico a las modalidades semipresenciales del trabajo parlamentario y a las votaciones remotas. Donde debe buscarse el mejor consenso que respete y favorezca la pluralidad política.
También, ha trascendido la intención de Morena por aprobar la reforma constitucional que retire la inmunidad procesal penal al Presidente de la República, para que pueda ser juzgado como cualquier ciudadano. En la que si bien es cierto que se busca paliar un clamor ciudadano, también lo es que no debe seguirse una ruta ajena a los principios e ideales que conlleva un estado constitucional de derecho, donde se respete la legalidad y se actúe con plena responsabilidad y congruencia, no de forma selectiva.
Asimismo, a más tardar el 8 de septiembre el Ejecutivo Federal presentará el paquete económico para el 2021, con el proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el próximo ejercicio fiscal, que será analizado, discutido y aprobado por la Cámara de Diputados exclusivamente, además de la Ley de Ingresos que sí es revisada y aprobada por el Senado.
Por tales motivos, el arranque del periodo ordinario de sesiones para el Congreso Mexicano representa una ineludible oportunidad para actuar en favor de la defensa y promoción de los verdaderos intereses de las y los mexicanos.
Senador de la República. @manuelanorve
