Ofrecer una pensión razonable a todo mexicano jubilado es un objetivo muy loable, que se debe reconocer a la administración federal. Es una medida que viene a aliviar una realidad inadmisible para miles de trabajadores, tanto del sector público como del privado que en el ocaso de sus vidas y en el término de una carrera de años de esfuerzo desarrollando con responsabilidad su trabajo podrían aspirar, en el mejor de los casos, a una mesada que no alcanza para mayor cosa que alimentarse apenas medianamente.
El esquema planteado por el gobierno para atacar el problema de pensiones precarias, aparte de cambiar el régimen de pensiones en el sector privado a partir del 1997, y en el público 10 años después, es decir, en el año 2007, consiste en permitir que los trabajadores se retiren con el 100 por ciento hasta un máximo cercano a los 17 mil pesos, lo cual no significa que todos vayan a alcanzar esta cantidad, que por lo demás es un dinero apenas suficiente para adquirir con cierta holgura alimentos, cubrir rentas y pago de servicios para llevar una vejez modesta, pero digna.
Desde luego, como siempre ocurre en propuestas de gran calado como esta, se han levantado voces de distintos sectores que critican, unas, los tiempos en que surge este proyecto de reforma a las pensiones en el país, otras, sobre las fuentes de financiamiento de largo plazo que demanda la propuesta. Toda la discusión se ha centrado en el aspecto del aprovechamiento de un fondo de las Afores no reclamado, cercano a los 40 mil millones de pesos, que ayudaría a aprovisionar de pensiones en los primeros años. Los grupos que discuten lo del financiamiento aducen, no sin razón, que tan sólo para el año 2030 se requerirán 140 mil millones, para cubrir pensiones, cantidad que irá aumentando conforme el índice inflacionario.
Sin embargo, independientemente de estas observaciones, lo que debe analizarse con madurez, sin tintes políticos ni ideológicos, tampoco electorales, es que algo tenía qué hacerse para reparar el daño a millones de personas que habrán de jubilarse en los próximos años y, por fin, algo se está haciendo de manera concreta sin discursiva hueca. Hay que dimensionar la trascendencia de estos cambios en materia de pensiones. Nunca se había dado una propuesta así de importante en esta materia, lo que mantiene a la expectativa a organizaciones sindicales y empresariales que son los principales sectores involucrados en este contexto.
Desde luego las autoridades federales también forman parte trascendente, al ser las responsables de clarificar las estrategias financieras para buscar los fondos necesarios para respaldar la derrama económica que necesitarán las nuevas pensiones sobre todo a largo plazo. No dudamos en la capacidad del gobierno para encontrar el o los caminos necesarios y suficientes para solventar financieramente esta propuesta ya aprobada por el Congreso de la Unión.
Hay que reconocer que todos los que actualmente desarrollamos un trabajo en la formalidad, ya sea en el sector público o en el privado, seremos viejos. La bondad de esta reforma es que ya no veremos con angustia ese futuro. Vivir una vejez que no pase por la pobreza ni la precariedad es una aspiración legítima, y la reforma a las pensiones es una puerta que todos podremos tocar en el ocaso de nuestra vida laboral.
Hasta la próxima.
