El fenómeno de la violencia en México ha permeado todos los ámbitos de nuestra convivencia. Dinámicas criminales, con participación de la delincuencia organizada , se han colado en espacios fundamentales para las garantías democráticas. De modo que los procesos electorales se han convertido en blanco apetitoso para la colocación de candidatos afines a grupos delictivos, además de intervenciones violentas contra candidaturas renuentes a la negociación con estas cápsulas delictivas.
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral , este 5 de junio tendremos elecciones para seis gubernaturas: Oaxaca, Durango, Aguascalientes, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas. Se elegirá a los titulares del poder ejecutivo local para un periodo de seis años excepto Quintana Roo que elegirá una gubernatura para 5 años. Las elecciones también renovarán 25 diputados locales: titulares de los escaños en los congresos locales de cada entidad que serán electos para un periodo de dos años con posibilidad de una reelección inmediata. Se definirán también 39 ayuntamientos: conformados por un presidente municipal y sus regidores —cabezas del cabildo municipal— que serán electos para un periodo de tres años con posibilidad de una reelección inmediata.
Si consideramos que el periodo electoral 2021 México vivió sus elecciones más violentas, la prevención y protección de candidatos amerita especial atención por parte de las autoridades de justicia. Según la consultora Etellekt en 266 días de campaña y precampaña se registraron 782 agresiones a candidatos y políticos superando las 774 registradas de la campaña de 2018.
También Etellekt ha identificado ataques de todo tipo, como daños a la propiedad, secuestros, atentados contra familiares, intimidación, intentos de homicidio, palizas, despojo de oficinas, abuso de autoridad o abuso sexual. La violencia electoral dejó 91 políticos asesinados durante el proceso. De esa cifra 36 eran aspirantes o candidatos y de éstos últimos 31 eran del ámbito municipal. Uno de los datos más relevantes es que el 90% de los candidatos asesinados eran opositores a los presidentes municipales del lugar en donde vivían.
Hay varias preguntas que la consultoría resolvió con su análisis de datos, por ejemplo: ¿Qué partidos y candidatos reciben más ataques violentos? El 44% de los agravios fueron a integrantes de la coalición opositora PAN, PRI y PRD. El 28% a miembros de Morena, PVEM y PT. ¿Cuál es el ámbito que resulta más peligroso para los candidatos electorales? Sin duda, el ámbito municipal es el más peligroso para hacer política. De cada 10 candidatos asesinados, 7 fueron candidatos municipales.
La violencia electoral no solo atenta contra candidatos sino también con autoridades, representantes populares y militantes de partidos políticos.
Recordemos el asesinato de Abel Murrieta quien, mientras repartía propaganda en las calles de Ciudad Obregón, Sonora, como candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de ese municipio, cayó al suelo muerto luego de un disparo. No es casualidad que un día antes de ser asesinado, el candidato grabó un spot en el que prometía hacer frente a la delincuencia, por lo que el partido atribuye que sus mensajes contra el crimen organizado fueron el móvil del crimen.
Las autoridades tendrían que tener ya una estrategia muy afinada para contrarrestar la violencia electoral. El especialista en seguridad Eduardo Guerrero ha dado ya incluso una de las pautas sobre dónde tendría que haber presencia preventiva: “Por ejemplo, en zonas de cultivos ilícitos o donde operan los mercados de cobro de cuota más importantes. Ahí resultaría imperdonable no actuar”.
Ignorar el impacto que tiene la presencia del crimen organizado en las elecciones significa otorgar blindaje y participar en la complicidad de entregar los espacios ciudadanos más legítimos y reconocidos a la delincuencia. ¿O es que hay de parte de algunos gobiernos interés en que así sea?