¿Qué se puede esperar de un aspirante a la Corte que normaliza el uso de filtraciones como herramienta de ataque político?
César Gutiérrez Priego no oculta las prácticas que estaría dispuesto a avalar desde una silla en el máximo tribunal del país. “Mañana publicaré a las 4 PM la conversación telefónica entre los líderes del Cártel de Colima donde explícitamente mencionan al ‘Suegro de Zedillo’. Estos audios serán acompañados del expediente judicial que acreditan los casetes con peritajes hechos desde 1997”, anunció con entusiasmo.
Cualquiera pensaría que se trata de un agente de inteligencia, un secretario con acceso a información reservada, o un militar en funciones que vigila opositores. Pero no. El autor de esa promesa es un candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En plena confrontación entre Claudia Sheinbaum y Ernesto Zedillo, tras las publicaciones del expresidente en Nexos y Letras Libres, Gutiérrez Priego decidió montar su campaña sobre una filtración: supuestos audios de llamadas grabadas por su padre mientras “investigaba” al Cártel de Colima.
Y aquí es donde se abren interrogantes incómodas: ¿Considera legal conservar y difundir información que pertenecía al Estado? ¿Aprueba el espionaje militar sin orden judicial? ¿Por qué aparecen ahora, casi tres décadas después, grabaciones que supuestamente son tan reveladoras? ¿Qué busca al exponer a un opositor político de la presidenta? ¿Así será su actuar como ministro?
Jesús Gutiérrez Rebollo, su padre, mejor conocido como el “zar antidrogas”, fue condenado a cuarenta años de prisión durante el sexenio de Zedillo, tras ser vinculado con Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”.
No, no se trata de juzgar por parentesco. Nadie elige de quién nace. Pero cuando se enarbola con orgullo el legado de alguien condenado por traicionar al Estado, deja de ser una carga heredada y se convierte en una bandera personal.
Gutiérrez Priego también ha defendido, públicamente, que no existen elementos que vinculen al Ejército con Guerreros Unidos en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Esto, a pesar de que diversas organizaciones y la Fiscalía General de la República han documentado la implicación castrense en los hechos ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
La pregunta es obligada: ¿qué sucedería si, ya investido como ministro, llegara a la Corte el amparo de un militar involucrado en el caso Ayotzinapa? ¿Sería capaz de juzgar con autonomía o su lealtad a las fuerzas armadas pesaría más que los derechos de las víctimas?
El 30 de abril, el Tribunal Electoral ordenó al INE resolver sobre la posible cancelación de su candidatura, cuestionando si cumple con el requisito de buena reputación. Pero el 8 de mayo, el INE desechó la petición y le pasó la pelota al Comité de Evaluación. Otro episodio más de la tragicomedia electoral.
La elección judicial está a la vuelta de la esquina. Ninguna candidatura ha logrado conectar con la ciudadanía o mostrar con claridad qué clase de juzgador sería. Pero Gutiérrez Priego ya enseñó de qué está hecho: no de imparcialidad ni de constitucionalismo, sino de cálculo político y métodos cuestionables.
Más allá del debate sobre si debe o no elegirse por voto popular a ministros, hay algo claro: la Corte no puede convertirse en plataforma de revancha ni en ariete de guerra partidista. Su lugar está —y debe seguir estando— del lado de la legalidad, no del espionaje. La democracia se juega también ahí.
@MaiteAzuela