Hace un mes, el 26 de agosto, fui a la marcha de los papás y mamás de los estudiantes desaparecidos en la Ciudad de México. Allí estaba Don Bernabé Abraján, padre de Adán, uno de los 43 desaparecidos. Mirarlo de cerca me arrojó de golpe el tiempo detenido en su agonía. El rostro de Don Bernabé refleja nítidamente la agonía de las familias que buscan a sus desaparecidos. Es un hombre con una mirada conmovedora, que mientras camina sosteniendo la foto de su hijo, pareciera que atisba a lo lejos como si supiera que más adelante encontrará lo que lleva buscando una década. Es un hombre de fe.
Su identidad guerrerense parece seguir intacta. A pesar de que el trayecto de estos días años ha sido complicado, Don Bernabé no ha cambiado su esencia. Trae los huaraches bien puestos, que dejan ver sus pies de trabajo, descalzos casi sobre las gastadas suelas y sostenidos por cuerdas de cuero que evidencian el esfuerzo físico acumulado y sobretodo la rutina de desgaste emocional, con la que no se da por vencido.
Es inevitable pensar en el calzado de los que han tomado las decisiones para desaparecer evidencia de nuestros desaparecidos. Algunos que utilizan zapatos urbanos, de piel lustrada y sedosas agujetas, decidieron que en el gobierno no había que ponerse en los zapatos de los padres y madres de los normalistas. Eligieron asumir la postura impune de las botas verde olivo. Entonces se desviaron del camino para llegar a la verdad y dar justicia.
El recuento de una década de exigencias e investigación es largo. Hoy podemos decir que dos gobiernos distintos el priista y el morenista tienen una enorme deuda sobre su proceder en la investigación de lo que ocurrió el 26 y 27 de septiembre de 2014. Peña Nieto, en su afán de cerrar rápido el caso tropezó en una verdad fabricada a base de torturas, detenciones arbitrarias y versiones que no se sostienen con la ciencia. López Obrador asumió la resolución del caso cuando era candidato en 2018. No solo fue un compromiso, sino que fue incluso su primer acto público de gobierno; aquel 4 de diciembre de 2018, día en el que firmó el decreto para “establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas, para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y al acceso a justicia”.
López Obrador cierra su sexenio sin verdad ni justicia en el caso emblemático que prometió resolver. Hoy en la mañanera habrá puesto algún otro pretexto, cuando unos días antes su partido y aliados le entregaron a la Sedena el control absoluto de la seguridad pública, además de todos los recursos con los que ejecutan gasto público.
No nos queda mas que aspirar a que Claudia Sheinbaum ofrezca algo distinto a lo que Andrés Manuel entrega: la evidencia de que para romper el pacto de impunidad con el Ejército hay que hacer algo más que solo firmar un decreto presidencial.
La Presidenta electa tiene la oportunidad de aventar las botas y ponerse en los zapatos de Don Bernabé. Al menos debería hacerlo si algo le importan los casos de violaciones de derechos humanos en los que está involucrado el Ejército, como es el caso Ayotzinapa. Ella ha insistido que es la comandanta suprema de las fuerzas armadas y ahora de la Guardia Nacional. La ecuación para saber qué pasó y dar con el paradero de los estudiantes es exigirle al ejército que coopere.
Si a Claudia Sheinbaum le interesa no solo la verdad y la justicia para las familias de Ayotzinapa, sino atajar la profunda crisis de derechos humanos de nuestro país, entonces tendrá que sentarse a platicar largo y tendido con quien será su Secretario de la Defensa Nacional –el general Ricardo Trevilla Trejo. Indispensable pedirle al menos lo siguiente: 1) que la Sedena entregue toda la información que tiene sobre el caso y el contexto de macrocriminalidad en Guerrero; y 2) que los militares involucrados en los hechos respondan ante la justicia civil y aporten información de calidad sobre lo que ocurrió aquel 26 de septiembre.
@MaiteAzuela
