La corrupción en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano no es un vestigio del pasado; es una práctica tolerada que opera a plena luz. La ciudadanía ya lo sentenció: según la última encuesta de Gobernarte, la Sedatu y su titular se hunden en el último lugar de aprobación, con un 70 % de rechazo. La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda terminó convertida en un elefante blanco que ya cobró la cabeza del subsecretario, mientras los proyectos de vivienda permanecen congelados como si la política habitacional fuera un lujo aplazable.
La Auditoría Superior de la Federación sigue documentando irregularidades millonarias —sobreprecios, obras fantasma y contratos a modo—, pero lo más corrosivo hoy no son los desfalcos gigantes, sino la extorsión doméstica: el moche al menudeo que deben pagar ejidatarios, pequeños propietarios y familias para ejercer un derecho ya reconocido por la ley. Lo pagan porque, si no, sus expedientes se hunden en una burocracia diseñada para desesperar.
El catálogo del moche
Denuncias en poder de esta columna revelan un esquema operativo que funciona como ventanilla paralela. Los afectados mencionan dos nombres de forma reiterada: el Director Contencioso, convertido en gestor, y su jefe, el Coordinador del área, señalado como el operador central. Ambos figuran en testimonios que describen tarifas específicas para destrabar procesos legales que deberían ser automáticos.
Los ejemplos son contundentes.
En Campeche, los predios La Jungla y El Alba, con enajenación autorizada desde 2023, requieren 150 mil pesos para que Jurídico “presione” a la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Agrario y libere el acuerdo. Sin ese pago, el expediente se congela sine die.
En Colatlán, Veracruz, se exige un pago fijo de 40 mil pesos, más el 10 % de la indemnización final por un predio expropiado a cargo de la Sedatu. A cambio, el expediente avanza en el Comité de Pagos de Predios, controlado por la misma Coordinación. Quien se niega sabe lo que sigue: su carpeta va al fondo de la fila. Años de espera garantizados.
Impunidad por omisión
Al menos dos casos fueron reportados directamente al equipo de la secretaria Edna Vega Rangel. La respuesta fue la misma de siempre: una promesa de seguimiento del jefe de oficina. Esa llamada nunca llegó. Los funcionarios señalados siguen en sus cargos, intactos y protegidos, como si la denuncia fuera parte del trámite administrativo.
El Archivo Agrario: otra sombra
Las acusaciones recientes de Pedro Salmerón contra el exsecretario Román Meyer por presuntas irregularidades en la construcción del Archivo Agrario Nacional añaden otra capa de opacidad. La obra lleva más de un año en manos de esta administración sin conclusión, sin revisión pública y sin sanciones. Igual que con los moches: se tolera.
Funcionarios cuestionados en sexenios anteriores hoy ocupan nuevas oficinas, reinventando negocios según el escritorio que les toque. La corrupción cambia de monto, no de método.
La promesa rota
El tabulador del moche parece menor frente a escándalos como la Estafa Maestra, el Tren Maya o el AIFA, pero golpea a quienes López Obrador aseguró poner primero: los pobres. Mientras los operadores sigan protegidos y las denuncias queden en promesas de atención que jamás se cumplen, la Sedatu seguirá siendo el recordatorio más descarnado de esta administración: donde debía haber justicia agraria, hay gestores que cobran en efectivo; donde debía haber Estado, hay fila; donde debía haber derechos, hay tarifas.
La corrupción no se erradicó.
Se recicló y se volvió cotidiana.
Y en la Sedatu, se cobra por adelantado.
@MaiteAzuela