La muerte de Luis Echeverría Álvarez el pasado 8 de julio es un golpe de realidad sobre la impunidad, a pesar de su añeja naturaleza sigue igualmente vigente en el sistema político de nuestro país.
Si un mandato es recordado por el control de poder y el autoritarismo, es el periodo presidencial del primero de diciembre de 1970 al 30 de noviembre de 1976 encabezado por Echeverría.
Una de las más atroces responsabilidades penales que libró gracias al blindaje de corrupción que le ofrecieron todos los gobiernos posteriores al suyo, fue el de la Guerra Sucia. Durante dos décadas el Estado mexicano ejerció represión y cometió graves violaciones a derechos humanos focalizada, principalmente, a grupos políticos disidentes y subversivos. Quien dio inicio a este agravio fue justamente el expresidente Echeverría, al adoptar estrategias de contrainsurgencia, la desaparición forzada fue una de sus principales acciones.
A pesar de ser el único expresidente mexicano en ser indiciado y que se le acusó de genocidio por dos matanzas: la matanza estudiantil de Tlatelolco en 1968, cuando era secretario de Gobernación en la Administración de Gustavo Díaz Ordaz, y la matanza del Jueves de Corpus Christi o el Halconazo en 1971, cuando ya era presidente, llegó a los cien años de vida sin pisar una cárcel. Vivió con todos los privilegios que se adquieren en un país como el nuestro después de ser presidente. Los 42 muertos de Matanza de Tlatelolco que cargaba sobre los hombros además de la cifra de muertos del Halconazo que hasta hoy se desconoce (algunas versiones hablan de entre 12 y 40 fallecidos) no le quitaron un solo día de libertad y de protección del Estado.
No llegó a juicio por prescripción del delito, tuvo prisión preventiva en su domicilio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expuso que el Ejército habría cometido desapariciones forzadas durante la Guerra Sucia. Sin embargo, las familias de los desaparecidos de esta época no han podido acceder aún a los impenetrables archivos de las fuerzas armadas.
La guerra fue sucia porque se viola la ley que se dice defender, desde el Estado mismo.
Dos semanas antes de su muerte, el presidente López Obrador anunciaba que abriría los archivos para que las familias de las víctimas de la guerra fría accedieran a la información y procuración de justicia de cada caso. Sin embargo, su buena intención quedó opacada por su desafortunado anuncio sobre la oferta de que familiares de militares caídos en el “cumplimento de su deber” en la guerra sucia serían reconocidos y reparados por el Estado. Mostró con nitidez el desconocimiento y la poca sensibilidad que tiene para las víctimas reales de aquella atrocidad.
Es indispensable mantener ejercicios de memoria colectiva, porque parece que olvidamos las represiones que han vivido los movimientos disidentes en México a manos de las fuerzas armadas, puntualmente entre 1960 y 1980.
En el sexenio de mayor militarización en la historia de México, debemos tener en cuenta que la violencia ejercida por las fuerzas armadas no es solo de hoy, en aquel tiempo una gran cantidad de personas fueron torturadas y desaparecidas, estas desapariciones están ligadas a las Fuerzas Armadas.
¿Cómo resolverá México su incontenible crisis de violencia y violaciones graves a los Derechos Humanos por parte del Estado? La política de seguridad pública, enfocada principalmente en el uso de la fuerza y la intervención militar, no ha sido la vía eficaz para recuperar la seguridad y la paz. La intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública es parte de un ciclo histórico de debilitamiento civil que sólo será superado precisamente con el liderazgo civil incuestionable, no sólo sobre las políticas de seguridad, sino respecto al sistema político en su conjunto.
@MaiteAzuela
Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.