Si algo le dio legitimidad y poder a la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador fue la realización de una elección impecable y sin cuestionamiento alguno. En esa elección el Consejo General del INE y el personal de la institución pusieron todo su profesionalismo para capacitar a millones de ciudadanos que participaron como funcionarios de casilla y que garantizaron que la jornada electoral fuera un evento cívico sin precedentes.
La elección la hacemos los ciudadanos, pero definitivamente sin la logística y el acompañamiento del INE sería caótica. El INE integró 162 mil 570 mesas de casilla en la pasada elección y se contó con 1 millón 462 mil 672 ciudadanos que recibieron su nombramiento expedido por los Consejos Distritales del INE en todo el país, mismos que aceptaron de puño y letra.
Llama la atención que quien llegó a la Presidencia a través de un proceso impoluto y quien recibió los beneficios de un tribunal imparcial, quiera ahora desmantelarlos en una reforma electoral que podría colapsar el cerebro de nuestra democracia.
¿Qué es entonces lo que le molesta a este gobierno, a su partido y a sus simpatizantes? Todo indica que les incomoda el papel de garantes de la legalidad que ejercen tanto el INE como el Tribunal Electoral . Justamente después del fallo del Tribunal Electoral donde se vuelve a prohibir la propaganda gubernamental de la consulta de revocación, López Obrador dijo que presentará una reforma electoral que plantea la elección de consejeros electorales por medio del voto popular para “evitar posturas políticas en la toma de decisiones”.
No está de más recordarle a López Obrador , a Claudia Sheinbaum y a los demás gobernadores de Morena que han optado por violar la ley, que las restricciones de publicidad gubernamental en procesos electorales fueron propuestas por sus legisladores y aprobadas por sus bancadas. ¿Les incomoda cumplir la ley que ellos mismos promovieron?
El problema gestado desde la solicitud de una simulada revocación de mandato, no solo prostituye el mecanismo de participación ciudadana directa, sino que convierte a la revocación en una ratificación de gobierno, a solicitud de sus simpatizantes, que parece tener como objetivo el desgaste del INE más que la solicitud ciudadana impulsada por quienes se sienten insatisfechos con el gobierno.
Esta revocación fue solicitada por quienes buscaban espacios de propaganda gubernamental, más que pedir la salida del presidente por inconformidad ciudadana. Con tal de cumplir este capricho propagandístico López Obrador y Morena se olvidaron, una vez más, de la honestidad; el INE informó que, en la solicitud de la “revocación de mandato” identificó 523 mil 693 firmas apócrifas o con inconsistencias.
Han hecho de la revocación un espectáculo de propaganda gubernamental.
¿Transparentarán los recursos con los que han tapizado bardas en las calles y espectaculares en la vía pública solicitando que el presidente se quede, aun cuando saben que no hay posibilidad alguna de que salga antes de concluido su mandato?
La última embestida contra el órgano electoral por parte de López Obrador fue declarar que la reforma electoral que mandará al Congreso incluye la propuesta de que los y las consejeras electorales, así como los magistrados del tribunal, sean electos por la ciudadanía en vez de realizar el proceso que la Constitución establece. Los consejeros se eligen por dos terceras partes de los diputados. Sin embargo, el proceso no inicia ahí, primero hay un examen teórico que incluye desde comprensión de lectura, habilidad matemática hasta conocimientos en materia electoral.
La naturaleza misma del órgano electoral requiere que en la integración de su consejo se necesite una coalición supramayoritaria, para garantizar el derecho de las minorías. ¿Se le olvida ese requisito a López Obrador y a sus seguidores? Si avanzan con estas intenciones revelarán su naturaleza antidemocrática.